
A principios de julio de 2025, Argentina impuso restricciones en la exportación de gas natural a Chile, motivadas por una ola polar que provocó un récord histórico en el consumo interno argentino, alcanzando 100,3 millones de metros cúbicos diarios. Esta medida, que afectó principalmente los contratos de transporte interrumpible, puso en jaque la seguridad energética chilena, especialmente en regiones que dependen en gran medida del gas proveniente del vecino país.
Desde entonces, la crisis se ha extendido más allá de un simple corte de suministro. En Chile, el impacto se tradujo en aumentos significativos en los precios del gas en el mercado spot, afectando tanto a industrias como a hogares, y generando incertidumbre en sectores clave de la economía. Según fuentes del Ministerio de Energía, "la dependencia histórica del gas argentino nos ha dejado vulnerables ante shocks externos, situación que urge replantear".
El Gobierno chileno, en coordinación con sus pares argentinos, ha buscado mecanismos para mitigar el impacto, incluyendo la diversificación de fuentes hacia gas natural licuado (GNL) y el impulso a energías renovables. Sin embargo, la experiencia ha dejado en evidencia la fragilidad de la matriz energética y la necesidad de una política de largo plazo que contemple la seguridad y autonomía energética.
Desde el ámbito político, las reacciones no se han hecho esperar. Sectores de oposición critican la falta de previsión y la dependencia excesiva de un solo proveedor, mientras que el oficialismo defiende la gestión y apunta a la complejidad del escenario regional. Un parlamentario de derecha afirmó que "es urgente una estrategia nacional que reduzca la exposición a decisiones arbitrarias de países vecinos", mientras que voces de izquierda llaman a fortalecer la integración energética regional con acuerdos más sólidos y vinculantes.
En la sociedad civil, las consecuencias se han sentido con fuerza en las regiones del sur, donde el gas es insumo vital para calefacción y producción. Organizaciones de consumidores han denunciado la alza en las tarifas y la falta de información clara. Una dirigente vecinal comentó: "Nos dejaron sin gas en pleno invierno y nadie nos avisó con tiempo. Esto no puede repetirse".
Históricamente, la relación energética entre Chile y Argentina ha oscilado entre la cooperación y la tensión. Este episodio se suma a una serie de desafíos que han puesto a prueba la integración regional y la estabilidad de los mercados.
En conclusión, la restricción argentina al gas natural ha expuesto las vulnerabilidades estructurales del sistema energético chileno y ha generado un debate profundo sobre la necesidad de diversificar fuentes, fortalecer acuerdos internacionales y diseñar políticas públicas que garanticen la seguridad y estabilidad energética. Este episodio, lejos de ser una crisis pasajera, podría marcar un punto de inflexión en la manera en que Chile entiende y gestiona su matriz energética, con consecuencias que se proyectan a mediano y largo plazo.