
Una batalla legislativa que se extendió por años terminó esta semana con la aprobación en el Congreso Nacional de dos proyectos que prometen cambiar la forma en que se gestionan permisos sectoriales y trámites notariales en Chile.
El 4 de julio de 2025, el Congreso despachó a ley la Reforma Notarial y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocidas como permisología. Ambas iniciativas quedaron en manos del Ejecutivo para su promulgación, dando inicio a un período de observación y evaluación de sus efectos en terreno.
La permisología ha sido desde hace años un cuello de botella para la inversión en Chile. La multiplicidad de permisos, la lentitud en su otorgamiento y la incertidumbre regulatoria han retrasado proyectos económicos y generado críticas desde el mundo empresarial y técnico. Por eso, la reforma buscó simplificar y acelerar la tramitación sin sacrificar estándares regulatorios, según explicó la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, quien destacó que la lógica es "hacer mucho más eficiente y predecible la autorización de ciertos permisos".
En paralelo, la reforma notarial, en trámite desde la administración de Sebastián Piñera, pretendía modernizar un sistema tradicionalmente rígido y costoso. Entre sus principales cambios están la implementación de un horario de atención definido, soporte digital obligatorio y nuevas medidas de fiscalización. El objetivo declarado es reducir costos y agilizar los procesos para los usuarios.
El escenario legislativo fue un verdadero coliseo donde se enfrentaron diversas fuerzas. Desde el mundo empresarial, el presidente de la CPC, Carlos Swett, valoró que se haya logrado "una normativa moderna, prudente y actualizada", aunque con reservas sobre su implementación práctica."Miramos en general de manera muy positiva este avance", afirmó.
Sin embargo, sectores de oposición y organizaciones sociales expresaron preocupación por posibles impactos en estándares ambientales y sociales, temiendo que la simplificación pueda abrir la puerta a permisos menos rigurosos o a menor participación ciudadana.
En regiones, la recepción es ambivalente. Mientras algunos actores locales esperan que la reducción de plazos reactive proyectos productivos y genere empleo, otros advierten que la nueva permisología podría concentrar decisiones en Santiago, debilitando la autonomía regional.
Desde la promulgación, se han registrado reducciones iniciales en los tiempos de aprobación para proyectos menores, aunque los grandes emprendimientos aún enfrentan complejidades. En el ámbito notarial, la digitalización ha comenzado a implementarse en algunas notarías piloto, con resultados mixtos: mejoras en rapidez, pero también dificultades técnicas y resistencia al cambio.
Además, la Comisión de Hacienda de la Cámara inició debates para ajustar aspectos tributarios relacionados con avalúos fiscales, vinculados indirectamente a la reforma, evidenciando que la transformación legal aún está lejos de consolidarse plenamente.
Este doble despacho legislativo representa un esfuerzo significativo por modernizar y hacer más eficiente la gestión pública en Chile, con claras expectativas de impacto positivo en la economía y en la experiencia ciudadana.
No obstante, la tensión entre eficiencia y participación, rapidez y rigor, centralización y descentralización, sigue siendo un punto de conflicto abierto. La verdadera prueba estará en la implementación práctica y en la capacidad del Estado para fiscalizar y ajustar las normas según los aprendizajes que se acumulen.
En definitiva, las reformas son un paso adelante, pero no una solución definitiva a los desafíos estructurales que enfrenta la gobernanza en Chile. El coliseo sigue abierto, y los actores están en guardia para defender sus intereses y visiones sobre el futuro del país.
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Fuentes consultadas: Diario Financiero, declaraciones oficiales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entrevistas a líderes empresariales y análisis legislativo.