Diputados oficialistas desafían ley de permisos sectoriales: un choque por la protección ambiental y los derechos indígenas
El pulso político y ambiental que se vive en Chile ha encontrado un nuevo escenario de confrontación con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por un grupo de 42 diputados oficialistas contra la ley de permisos sectoriales, aprobada hace meses en el Congreso.
El 4 de julio de 2025, estos parlamentarios encabezados por el diputado Daniel Melo (PS) formalizaron la impugnación de cinco artículos de la norma, argumentando que transgreden garantías constitucionales fundamentales. La acusación central radica en que la ley afecta el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, principios consagrados en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Un choque de interpretaciones sobre el rol del Estado
Desde la bancada que cuestiona la ley, se sostiene que ciertas disposiciones implican una renuncia ilegítima del Estado a su rol protector. En concreto, se critica que la administración de bienes nacionales y la gestión de aguas quedan sujetas solo a declaraciones juradas, lo que, a juicio de los diputados, facilita la expansión de actividades sectoriales sin la debida fiscalización ni consulta previa a las comunidades afectadas.
“Nadie está en contra de mejorar la gestión del Estado, pero en este proyecto se modificaron artículos en el sentido contrario a aquello, por lo que este es un acto de dignidad en tiempos donde priman los silencios y los cálculos. Debemos defender el derecho de las comunidades y el futuro de las nuevas generaciones”, afirmó Daniel Melo, dando voz a un sector que ve en la ley una regresión ambiental y social.
Por otro lado, defensores de la ley argumentan que la normativa busca simplificar y agilizar procesos administrativos para la ejecución de proyectos productivos y de infraestructura, considerados clave para el desarrollo económico. Desde esta perspectiva, la ley no vulnera derechos constitucionales, sino que actualiza la gestión estatal en un marco de eficiencia.
La voz de los pueblos originarios y la mirada ambiental
Uno de los focos más sensibles del debate es el impacto sobre los derechos de los pueblos originarios. El artículo 104 de la ley, en particular, ha sido señalado por infringir el principio de supremacía constitucional y los estándares mínimos para el respeto de sus derechos fundamentales. La consulta indígena, prevista en el Convenio 169, es uno de los puntos que los diputados oficialistas reclaman que ha sido omitido o debilitado.
Organizaciones indígenas y ambientales han expresado preocupación por la potencial afectación a territorios y ecosistemas, denunciando que la ley podría abrir la puerta a mayores conflictos socioambientales en regiones donde la tensión ya es alta.
Firmas que representan un amplio espectro político
La presentación ante el TC no fue un acto aislado sino respaldado por una amplia coalición de parlamentarios, incluyendo figuras del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio, Partido por la Humildad, y varios independientes aliados. Entre ellos destacan nombres como María Candelaria Acevedo (PC), Karol Cariola (PC), Daniella Cicardini (PS), Diego Ibáñez (FA) y Gael Yeomans (FA).
Esta diversidad refleja la envergadura del conflicto y la transversalidad de las preocupaciones sobre la protección ambiental y los derechos sociales.
Constataciones y consecuencias
A casi cinco meses de la presentación del recurso, el Tribunal Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo, manteniendo en vilo a los distintos actores involucrados. El caso pone en evidencia un dilema estructural: cómo compatibilizar la necesidad de desarrollo económico con la protección de derechos fundamentales y el respeto a las comunidades históricamente vulneradas.
Este episodio confirma que la discusión ambiental en Chile no es solo técnica sino profundamente política, atravesada por tensiones sobre el modelo de desarrollo y el papel del Estado.
Mientras tanto, la incertidumbre jurídica y política puede afectar la implementación de proyectos y generar mayor polarización social.
En definitiva, el desafío es encontrar un equilibrio que garantice la gobernabilidad ambiental y social, sin sacrificar ni la sustentabilidad ni el crecimiento, una tarea que seguirá siendo objeto de debate y confrontación en el escenario chileno.
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Fuentes: La Tercera (2025-07-04), análisis de parlamentarios oficialistas, informes sobre derechos indígenas y medio ambiente.