El robo de cobre en Tarapacá: entre la economía informal y el crimen organizado

Una larga sombra sobre Tarapacá. El 9 de octubre de 2025, la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) devolvieron 21 toneladas de cobre a tres empresas afectadas por robos masivos en la región. El metal fue detectado en un contenedor en el puerto de Iquique, tras una alerta de Aduanas en abril de este año. Las compañías Sacyr, concesionaria de la autopista Rutas del Desierto, Aguas del Altiplano y CGE reconocieron el cobre como propio, material que había sido sustraído en diversos hurtos de cableado eléctrico en la zona.

Este episodio no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg que refleja un problema estructural en Tarapacá. “Más allá del perjuicio económico, provoca un perjuicio social para todos los habitantes de Tarapacá”, señaló el fiscal regional (s) Gonzalo Valenzuela, quien lidera la investigación desde el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

El cobre, metal estratégico para la economía chilena, se ha vuelto un botín codiciado por redes que operan en la frontera entre la informalidad y el crimen organizado. La Fiscalía y la PDI trabajan para determinar si estos robos están vinculados a estructuras criminales más amplias, un punto que divide a expertos y actores locales.

Desde una perspectiva política y social, la situación genera tensiones. Por un lado, autoridades regionales y empresariales reclaman mayor capacidad de control y coordinación interinstitucional para frenar estos delitos que afectan la infraestructura pública y privada. Por otro, organizaciones sociales y expertos en seguridad plantean que la raíz del problema está en la precariedad laboral, la falta de oportunidades y el abandono estatal en ciertas zonas, que alimentan economías paralelas y delitos asociados.

“No podemos reducir este fenómeno a un problema policial. Es un síntoma de una crisis social más profunda que requiere políticas integrales”, comenta la académica en criminología de la Universidad Arturo Prat, María Fernanda Rojas.

En el plano regional, el impacto es tangible. Los robos reiterados de cableado han provocado interrupciones en servicios básicos, afectando a miles de habitantes y empresas. La respuesta institucional ha sido la coordinación entre Aduanas, Fiscalía, PDI y las empresas afectadas, que culminó en la recuperación y devolución del cobre incautado.

Sin embargo, la resolución parcial de este caso no disuelve las dudas sobre la magnitud real del problema ni las redes que operan en la sombra. Algunos sectores políticos regionales exigen mayor transparencia y resultados concretos, mientras que otros advierten sobre el riesgo de estigmatizar a comunidades vulnerables.

La subprefecta Macarena Ortega, jefa de la Brigada de Robos de Iquique, recordó que la investigación partió con la alerta de Aduanas y la conexión con otras pesquisas por robos similares en la Pampa, evidenciando un patrón regional de delitos.

En definitiva, esta historia revela un choque entre actores y realidades: por un lado, la urgencia de proteger la infraestructura crítica y la inversión; por otro, la complejidad de abordar un fenómeno que se inscribe en el entramado social y económico local.

Lo que queda claro es que la devolución de 21 toneladas de cobre es solo un paso en un largo camino para desentrañar y frenar esta problemática que afecta a Tarapacá. La Fiscalía mantiene su foco investigativo, mientras la sociedad observa expectante y dividida.

Esta tragedia pública, donde lo que se pierde no es solo metal, sino confianza y estabilidad, plantea un desafío para las autoridades y la comunidad: ¿cómo enfrentar un delito que no solo roba cobre, sino también la tranquilidad de una región entera?