
En la madrugada del 6 de junio de 2025, la ciudad de Santiago fue testigo de un episodio que conjugó violencia, crimen organizado y tragedia vial. Un comerciante de Lo Valledor fue secuestrado por un grupo vinculado al Tren de Aragua, organización criminal venezolana con presencia creciente en Chile. El secuestro culminó con un choque fatal en la intersección de la Alameda con Manuel Rodríguez, donde dos personas perdieron la vida.
El conductor de una aplicación de transporte, empleado de la plataforma Didi, se convirtió en pieza clave de este entramado. Formalizado y enviado a prisión preventiva el 3 de julio, fue acusado de participar activamente en el secuestro extorsivo, utilizando su trabajo para facilitar la operación criminal. Según la Fiscalía de Alta Complejidad y el Equipo de Homicidios y Crimen Organizado (ECOH), el conductor no solo colaboró, sino que simuló ser víctima para encubrir su implicación.
Desde el punto de vista del Ministerio Público, la detención y formalización representan un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y la infiltración del Tren de Aragua en actividades delictivas locales. El fiscal Sergio Ortega destacó que "la participación del conductor fue corroborada mediante pericias al celular, donde se encontraron mensajes y georreferenciaciones que evidencian su complicidad".
En contraste, sectores de la comunidad venezolana en Chile han manifestado preocupación por la estigmatización de migrantes, advirtiendo que la asociación directa entre individuos y grupos criminales puede alimentar discursos xenófobos y no representa a la mayoría que busca integrarse y contribuir al país.
Desde una mirada regional, la tragedia ha puesto en evidencia la complejidad que implica para las autoridades controlar redes transnacionales de crimen que operan en barrios populares y mercados tradicionales, como Lo Valledor. La falta de recursos y coordinación interinstitucional ha sido señalada por expertos y dirigentes sociales como un factor que perpetúa la inseguridad.
La investigación, con un plazo inicial de 120 días, busca esclarecer no solo la responsabilidad directa en el secuestro y el accidente, sino también desarticular la red criminal involucrada. La prisión preventiva del conductor de la app marca un precedente en la persecución judicial de colaboradores dentro de organizaciones complejas.
Este caso desnuda la fragilidad de ciertos sectores sociales ante la expansión del crimen organizado y la dificultad estatal para proteger a víctimas y testigos en contextos urbanos vulnerables. La tragedia vial que terminó con dos vidas es, en realidad, el desenlace visible de un conflicto más profundo entre seguridad ciudadana, migración, y justicia.
En definitiva, la historia invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas integrales que aborden no solo la represión, sino también la prevención y la inclusión social, para evitar que episodios como este se repitan y sigan dejando víctimas en el camino.