
En julio de 2025, la victoria de Jeannette Jara en las primarias presidenciales marcó el inicio de un intenso debate sobre el rumbo económico que podría tomar Chile en los próximos años. Jara, militante del Partido Comunista (PC), presentó un programa que enfatiza la redistribución de ingresos y una asignación centralizada de recursos, pero sin detallar con claridad cómo compatibilizaría estas medidas con el crecimiento económico sostenido.
Desde entonces, la discusión ha madurado y se ha enriquecido con múltiples voces y análisis. Por un lado, sectores progresistas valoran la apuesta por una mayor equidad y un crecimiento que beneficie a las familias chilenas, no solo a las grandes empresas. “El crecimiento debe ser inclusivo, y eso implica un rol activo del Estado para corregir desigualdades históricas,” sostiene un economista cercano al PC.
En contraste, economistas liberales y representantes del mundo empresarial advierten que un modelo basado en una fuerte intervención estatal y redistribución puede socavar la inversión y la competitividad. “La experiencia global muestra que centralizar recursos y aumentar la presión fiscal sin un plan claro para estimular la inversión puede frenar el crecimiento,” argumenta un analista ligado a gremios empresariales.
La candidata Jara ha intentado matizar su propuesta, señalando que su gobierno buscará aumentar el PIB mediante un impulso a la demanda interna, especialmente a través de incrementos en las remuneraciones, sin renunciar a la apertura económica que caracteriza a Chile. Sin embargo, esta postura ha generado críticas por ser poco clara y por la dificultad de sostenerla sin afectar la estabilidad macroeconómica.
Desde la perspectiva regional, sectores del norte y sur del país muestran preocupación por cómo las políticas económicas impactarán en sus economías locales, especialmente en la minería y la agricultura. Mientras algunos ven con esperanza un mayor apoyo estatal para diversificar sus actividades, otros temen que la incertidumbre y los cambios abruptos puedan afectar la inversión y el empleo.
Además, voces de la sociedad civil y académicos han aportado un análisis más matizado, señalando que el crecimiento económico y la redistribución no son necesariamente excluyentes, pero requieren un diseño de políticas públicas coherente y con visión de mediano y largo plazo. “Invertir en ciencia y tecnología es clave para un crecimiento sostenible, aunque sus resultados se verán más allá del próximo quinquenio,” afirma una experta en desarrollo económico.
El debate también ha puesto en evidencia las tensiones internas dentro del bloque progresista, donde el Socialismo Democrático busca moderar las propuestas del PC para evitar riesgos económicos y políticos.
A cinco meses de las elecciones, el programa económico de Jeannette Jara sigue siendo un terreno de disputa y negociación política, con consecuencias que podrían definir no solo el futuro económico del país, sino también la estabilidad social y política.
Conclusiones:
- La tensión entre crecimiento económico y redistribución sigue siendo el eje central del debate.
- La falta de definiciones claras genera incertidumbre en los mercados y en sectores productivos.
- La viabilidad de un modelo que combine demanda interna fuerte, apertura externa y redistribución depende de un manejo macroeconómico riguroso y acuerdos políticos amplios.
- La pluralidad de perspectivas revela que no existe una solución única, sino una serie de desafíos que el próximo gobierno deberá enfrentar con pragmatismo y visión.
Este escenario invita a los ciudadanos a observar con atención, no solo las promesas electorales, sino también las condiciones reales para su implementación y las consecuencias que tendrán en la vida cotidiana de todos los chilenos.