
El 2 de julio de 2025, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen de 218 a 214 votos el ambicioso paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, apenas un día antes de la fecha límite autoimpuesta. Esta ley implica recortes tributarios por US$ 4,5 billones, con impactos que ya se comienzan a sentir en distintos sectores sociales y económicos del país.
En el centro de este debate se encuentran los multimillonarios, que consolidan su posición gracias a la elevación del tope exento del impuesto a la herencia a US$ 15 millones por persona, y la permanencia de recortes tributarios que favorecen a los más ricos. “Se logró plasmar una normativa moderna y prudente”, declaró Carlos Swett, presidente del gremio empresarial, reflejando la satisfacción del sector privado.
Por otro lado, sectores tradicionalmente menos privilegiados, como inmigrantes y universidades de élite, enfrentan nuevos impuestos y restricciones. Por ejemplo, se impone un 1% de impuesto a las remesas enviadas al extranjero, afectando a millones de inmigrantes, y se establece un impuesto progresivo de hasta 8% sobre los ingresos por inversiones de los fondos universitarios más ricos.
El proyecto desató un choque frontal entre republicanos y demócratas. Mientras los primeros defienden la medida como un estímulo necesario para la inversión y el crecimiento económico, los segundos advierten sobre el aumento de la desigualdad y el impacto en los sectores más vulnerables.
“Este paquete sacrifica a los trabajadores y a los pobres para beneficiar a los más ricos y a las grandes corporaciones”, afirmó la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en un debate televisado.
En tanto, en barrios con alta concentración de inmigrantes, organizaciones sociales denuncian que el nuevo impuesto a las remesas podría profundizar la precariedad económica de miles de familias.
Estados con altos impuestos, como California y Nueva York, celebran la temporal elevación a US$ 40 mil anuales para deducir impuestos estatales y locales, aunque advierten que este beneficio será temporal. El sector manufacturero, por su parte, recibe incentivos permanentes para la depreciación acelerada y créditos para I+D, mientras que las energías renovables pierden terreno con la eliminación gradual de beneficios fiscales.
Dos meses después de su aprobación, el proyecto fiscal de Trump ha dejado en evidencia un país dividido en dos realidades paralelas: una que celebra la consolidación de privilegios para los más ricos y otra que enfrenta mayores cargas y restricciones. La reducción de beneficios sociales, como en Medicaid y cupones de alimentos, anticipa un aumento en la vulnerabilidad de los sectores de menores ingresos.
El debate no se limita a cifras y leyes, sino que refleja una lucha profunda por el alma del país y su modelo de desarrollo. La tensión entre crecimiento económico y justicia social, entre dinamismo empresarial y equidad, continúa siendo el gran desafío para Estados Unidos.
Este paquete fiscal no solo reconfigura la estructura tributaria de la nación, sino que también pone en escena las contradicciones de una sociedad que se debate entre la concentración de riqueza y la necesidad de inclusión. La polarización política y social que emergió en esta votación es una ventana clara a las batallas que definirán el futuro del país en los próximos años.
Las voces y consecuencias que hoy se despliegan invitan a una reflexión profunda sobre qué modelo de país se quiere construir, más allá de la urgencia de la coyuntura.
---
Fuentes consultadas: Diario Financiero, Bloomberg, Yale Budget Lab, Asociación Nacional de Manufactureros, declaraciones públicas de legisladores y gremios empresariales.
2025-11-12
2025-11-12