Reforma a notarios: el fin de los cargos vitalicios y el pulso por la independencia y modernización

Un cambio histórico en el sistema notarial chileno ha comenzado a consolidarse tras años de debate, polémicas y resistencia. El Congreso aprobó en 2025 una reforma que pone fin a los cargos vitalicios de notarios, conservadores y archiveros, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer estas funciones. Además, el proceso de nombramientos se traslada desde el Poder Judicial al mecanismo de Alta Dirección Pública (ADP) y el Servicio Civil, buscando modernizar y transparentar un sistema tradicionalmente cerrado y cuestionado por discrecionalidad.

El pulso entre modernización y resistencia

Este cambio no ha sido pacífico. Actualmente, más de 50 notarios y conservadores mayores de 75 años siguen en funciones, algunos con más de 90 años, en cargos que hasta ahora se consideraban vitalicios. La reforma les exige dejar sus puestos en un plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigencia de la ley.Carlos Swett, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, reconoció avances en la normativa pero advirtió dudas sobre la concentración del poder en gobiernos de turno y la eliminación de contrapesos en los nombramientos.

Por su parte, un grupo de notarios afectados evalúa acciones legales para frenar esta disposición. El abogado constitucionalista Patricio Zapata argumenta que el "jubilazo" es una ley ad-nominem que vulnera derechos fundamentales y la independencia institucional, y analiza presentar un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Esta disputa añade una capa de complejidad a la implementación de la reforma.

Sistema de nombramientos: entre meritocracia y política

El nuevo sistema elimina la participación del Poder Judicial en la selección, transfiriendo la responsabilidad al Servicio Civil y al Presidente de la República, a través de la ADP. Los candidatos serán evaluados mediante concursos públicos con pruebas estandarizadas y criterios de mérito. El Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al Ministerio de Justicia los antecedentes de los tres postulantes mejor evaluados para la decisión final.

Este cambio busca reducir la discrecionalidad y promover la transparencia, aunque genera inquietudes sobre la politización del proceso, dado que la ADP depende de nombramientos presidenciales.El diputado Miguel Ángel Calisto expresó preocupación por la carga política del sistema y llamó a despolitizar el proceso. En contraste, el diputado Luis Sánchez defendió la nueva modalidad, señalando que el sistema actual ya está altamente politizado.

Fiscalización y modernización tecnológica

La reforma también fortalece la fiscalización, asignándola a los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones bajo supervisión de la Corte Suprema, y establece la obligación de auditorías externas anuales para los notarios y conservadores.Se fijan estándares mínimos de infraestructura, horarios de atención y servicios digitales, incluyendo plataformas en línea para consultas y expedición electrónica de documentos. Además, el Sernac podrá fiscalizar tarifas y precios máximos, buscando proteger a los usuarios y mejorar la calidad del servicio.

Controversias y consecuencias visibles

La tramitación del proyecto estuvo marcada por polémicas, retrasos y acusaciones de lobby, especialmente en torno a la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el más poderoso del país. La ley sufrió postergaciones en el Senado y desencuentros entre ambas cámaras, que retrasaron su aprobación final.

Además, la reforma implica la jubilación forzada de cerca de un centenar de notarios y conservadores, lo que ha generado tensiones gremiales y judiciales, y un debate sobre el equilibrio entre renovación institucional y respeto a derechos adquiridos.

Como señaló Jorge Pizarro Astudillo, fiscal judicial de la Corte Suprema, "el sistema necesita de confianza y fiscalización" para asegurar que la modernización no comprometa la credibilidad de estos oficios.

Constataciones finales

La reforma al sistema notarial y registral representa una transformación profunda, que busca alinear la institución con estándares contemporáneos de transparencia, eficiencia y control ciudadano. Sin embargo, la tensión entre la renovación y la defensa de prerrogativas históricas ilustra la dificultad de reformar un sistema con arraigo y poder consolidado.

Las voces en conflicto —desde el sector gremial, el mundo jurídico y los legisladores— reflejan un choque entre la necesidad de modernizar y democratizar el acceso a estos cargos y la preocupación por la politización y la pérdida de independencia.

La implementación efectiva de la ley dependerá de la capacidad de las autoridades para equilibrar estos factores, garantizar procesos meritocráticos y transparentes, y atender las legítimas inquietudes de los afectados, sin perder de vista el interés público y la calidad del servicio.

En definitiva, este proceso es una prueba de fuego para la institucionalidad chilena y un espejo de los desafíos que enfrenta el país en su camino hacia una administración pública más moderna y confiable.