Seguridad pública en Chile: entre promesas, críticas y realidades a cuatro meses del fin del gobierno Boric

En julio de 2025, el Presidente Gabriel Boric hizo una declaración clara: la seguridad pública es la prioridad principal de su gobierno. En la inauguración de una nueva tenencia policial en La Pintana, el Mandatario enfatizó que "la delincuencia no se combate con palabras altisonantes", sino con trabajo en terreno, visión a largo plazo y recuperación de espacios públicos. Esta afirmación pretendía marcar un punto de inflexión en un tema que ha generado tensiones y debate durante todo su mandato.

Desde entonces, han pasado casi cinco meses y el balance invita a un análisis más profundo y matizado. Por un lado, el gobierno ha impulsado iniciativas para fortalecer la presencia policial, mejorar la coordinación entre instituciones y promover la participación comunitaria. La recuperación de plazas y espacios públicos en sectores vulnerables ha sido una apuesta central para fomentar la cohesión social y disminuir la sensación de inseguridad. Sin embargo, los resultados en términos de reducción de delitos violentos y percepción ciudadana no han mostrado mejoras significativas, según datos del Ministerio del Interior y encuestas independientes.

En el escenario político, las voces se han dividido con fuerza. El oficialismo sostiene que la seguridad es un problema estructural que requiere tiempo y políticas integrales, no soluciones rápidas ni discursos simplistas. "No hay atajos para la seguridad; es un trabajo paciente que implica abordar causas sociales profundas", argumentan desde el gobierno. En contraste, la oposición ha criticado la gestión por lo que consideran un manejo tibio y poco eficaz. Líderes opositores han señalado que "la estrategia del gobierno carece de urgencia y no responde a la demanda ciudadana de seguridad inmediata", proponiendo un enfoque más duro y un aumento en recursos para las fuerzas de orden.

A nivel regional, la percepción varía. En comunas como La Pintana, donde se implementaron programas piloto, algunos vecinos reconocen avances en la recuperación de espacios y mayor presencia policial, aunque persiste la preocupación por delitos menores y violencia callejera. En otras zonas urbanas y rurales, la inseguridad sigue siendo un tema prioritario y fuente de malestar.

Desde la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la necesidad de equilibrar las medidas de seguridad con la protección de garantías fundamentales. Denuncian que un enfoque exclusivamente punitivo podría aumentar la conflictividad y erosionar la confianza en las instituciones.

En conclusión, la seguridad pública en Chile sigue siendo un desafío complejo y multifacético. La afirmación presidencial de que "la delincuencia no se combate con palabras altisonantes" apunta a una crítica a la retórica fácil, pero también deja en evidencia la dificultad de traducir buenas intenciones en resultados tangibles y rápidos. La polarización política y social sobre el tema refleja no solo diferencias en visión y estrategia, sino también la urgencia que sienten los ciudadanos frente a la inseguridad.

El gobierno Boric encara sus últimos meses con la tarea pendiente de demostrar que su enfoque puede generar cambios sostenibles y que la seguridad no es solo una bandera electoral, sino un compromiso real con la calidad de vida y la convivencia ciudadana en Chile.