
El reciente debate en torno al denominado "sueldo vital" en Chile ha trascendido la esfera política para instalarse en la discusión pública con un vigor pocas veces visto. El 3 de julio de 2025, la candidata oficialista Jeannette Jara propuso un aumento del salario mínimo a $750 mil en un plazo de cuatro años, una cifra que, a primera vista, representa un salto significativo desde los $529 mil actuales y que ha generado un crisol de opiniones enfrentadas.
Esta propuesta no surge en el vacío. En el periodo 2022-2025, el salario mínimo experimentó un aumento nominal del 54%, pasando de $350 mil a $539 mil, en un contexto de inflación acumulada del 28%. Sin embargo, la meta de $750 mil implica un incremento real cercano al 26%, lo que para muchos expertos supone un desafío mayúsculo dadas las condiciones actuales de la economía chilena.
Desde un enfoque político y económico, las opiniones se dividen con claridad.
Por un lado, Eugenio Rivera Urrutia, director ejecutivo de la Fundación Casa Común, reconoce la ambición de la propuesta y apunta a que "un salario muy elevado puede afectar el empleo y a la pequeña empresa que debe asumir esos costos", enfatizando la necesidad de un crecimiento económico sostenido que permita absorber estos incrementos sin daños colaterales.
En contraposición, Fernando Coloma, académico del Instituto de Economía UC, sostiene que "pensar en subir el salario mínimo a $750 mil en cuatro años es un completo sinsentido". Argumenta que la productividad laboral está estancada y que la tasa de desempleo, en torno al 8,9%, refleja ya las tensiones existentes en el mercado laboral, especialmente para trabajadores no calificados.
El análisis se profundiza con Juan Bravo, director del OCEC-UDP, quien advierte que "el incremento del costo salarial desalineado con la productividad laboral puede afectar negativamente la generación de empleo asalariado formal en el sector privado", citando evidencia empírica del Banco Central que muestra una caída promedio de 4,8% en el empleo en empresas con alta proporción de trabajadores al salario mínimo tras alzas recientes.
La discusión no es solo técnica. En regiones con economías más dependientes de pequeñas y medianas empresas, la preocupación por la capacidad de absorción de estos aumentos salariales es palpable. Sectores urbanos y rurales manifiestan temores distintos: mientras en la capital se debate la relación entre productividad y remuneración, en provincias la prioridad es la conservación del empleo y la informalidad laboral.
Desde la perspectiva social, organizaciones sindicales y movimientos de trabajadores ven en el sueldo vital una reivindicación justa que busca mejorar condiciones de vida históricamente precarias. Sin embargo, economistas y empresarios alertan sobre el riesgo de que esta medida, sin las condiciones adecuadas, pueda profundizar la exclusión laboral de grupos vulnerables, especialmente mujeres y jóvenes.
Este debate ocurre en un momento donde la automatización y la adopción de inteligencia artificial están transformando el mercado laboral chileno. Carlos García, académico de la Universidad Alberto Hurtado, señala que "la creciente automatización podría acelerar la sustitución de trabajadores, encareciendo el costo de contratación y afectando la competitividad laboral".
Por ello, se plantea que la solución no solo pasa por aumentos salariales, sino por políticas integrales que incluyan capacitación, mejora del capital humano y adaptabilidad tecnológica.
Tras meses de análisis y confrontación de perspectivas, queda claro que el "sueldo vital" es mucho más que una cifra: es un espejo de las tensiones entre aspiraciones sociales y limitaciones económicas.
La evidencia muestra que un aumento abrupto y descoordinado puede afectar negativamente el empleo formal, especialmente en sectores vulnerables. Sin embargo, también es cierto que mantener salarios bajos perpetúa la precariedad y la desigualdad.
La conclusión es que avanzar hacia un salario digno requiere un enfoque gradual, sustentado en crecimiento económico sostenible, mejoras en productividad y políticas públicas integradas que apoyen a las pequeñas empresas y a los trabajadores en su adaptación a un mercado laboral en transformación.
Este debate, lejos de cerrarse, invita a un diálogo profundo y plural, donde se reconozcan las distintas realidades del país y se construyan consensos que permitan un progreso social sin sacrificar la estabilidad económica.
Fuentes consultadas incluyen análisis del Banco Central, declaraciones de académicos de la UC, UDP y Universidad Alberto Hurtado, y reportajes de La Tercera (2025).
2025-11-05