Matthei exige acción contra juez tras prisión preventiva en caso bielorruso: La fractura en Chile Vamos y la sombra sobre la justicia

El caso conocido como "Muñeca Bielorrusa" ha trascendido más allá de sus implicados directos para convertirse en un escenario donde se enfrentan actores políticos, judiciales y sociales, dejando en evidencia tensiones profundas en la coalición Chile Vamos y cuestionamientos sobre la administración de justicia en Chile.

El 15 de noviembre de 2025, la jueza Michel Ibacache dictó prisión preventiva contra Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en esta trama. Esta resolución, lejos de cerrar la polémica, ha abierto un nuevo capítulo con la reacción de la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI), quien valoró la medida y exigió que su sector impulse una acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue.

Matthei denunció que 'lo que hemos visto en este juicio es lo más sucio en la historia de la administración de justicia', y acusó directamente al magistrado Simpertigue de falta de ética, aludiendo a un viaje vacacional que realizó con uno de los abogados involucrados en la causa, Eduardo Lagos. Según Reportea, Simpertigue habría favorecido en la Suprema a la empresa Belaz Movitec, vinculada al caso, y compartido un crucero por Europa con Lagos en junio de 2024.

Esta denuncia ha dividido aguas dentro de Chile Vamos. Mientras Matthei y un sector de la UDI exigen medidas drásticas contra el juez, otros actores del conglomerado prefieren la cautela o incluso cuestionan la oportunidad de la acusación constitucional. La fractura se refleja también en la opinión pública y en las redes sociales, donde la confianza en la justicia se debate con vehemencia.

Desde una perspectiva política, el episodio ha sido interpretado por algunos analistas como un intento de Matthei por fortalecer su imagen de mano dura contra la corrupción, en un contexto electoral donde la percepción ciudadana sobre la transparencia y la probidad es un tema clave. Sin embargo, otros advierten que la estrategia podría profundizar la desconfianza en las instituciones y polarizar aún más a la coalición oficialista.

En el plano judicial, la acusación contra Simpertigue pone sobre la mesa interrogantes sobre la independencia y la ética en la magistratura. Voces críticas recuerdan que la cercanía entre jueces y abogados litigantes puede socavar la imparcialidad y la confianza pública. Por otro lado, defensores del juez argumentan que las acusaciones deben probarse con rigor y que la presunción de inocencia debe prevalecer.

Asimismo, el impacto regional no es menor. La Fiscalía de Los Lagos, que lleva adelante la investigación, ha sido reconocida por su perseverancia, pero también ha enfrentado presiones políticas y mediáticas. La comunidad local observa con atención cómo se resuelve este proceso, que involucra a actores empresariales y judiciales con influencia significativa.

Finalmente, la trama bielorrusa revela una verdad incómoda: la corrupción y la falta de transparencia siguen siendo desafíos que atraviesan no solo a la política, sino también a la justicia y la sociedad chilena en su conjunto. La prisión preventiva y la acusación constitucional son episodios visibles de un conflicto mayor, donde las consecuencias aún están por definirse.

Las certezas que emergen hasta ahora son claras: la justicia enfrenta una prueba de credibilidad; la política utiliza este caso como campo de batalla electoral; y la ciudadanía, expectante y crítica, demanda respuestas que vayan más allá de las palabras. En este coliseo, todos los protagonistas están expuestos, y el público observa con una mezcla de expectación y desconfianza, consciente de que el desenlace marcará un precedente para el país.