
En julio de 2025, Jeannette Jara, exministra del Trabajo y candidata presidencial del Partido Comunista, emergió como la figura central de un debate que ha ido madurando y complejizándose en los meses posteriores a su elección como carta presidencial. Su propuesta estrella —elevar el salario mínimo a un "sueldo vital" de 750 mil pesos y consolidar la Ley de 40 horas semanales— se presenta como un avance social que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, la realidad que ha ido surgiendo tras la implementación de estas medidas ha puesto en evidencia una serie de tensiones y consecuencias no previstas.La tasa de desempleo ha aumentado desde un promedio de 6,9% en la década anterior a un 8,9% en el trimestre terminado en mayo de 2025, lo que representa 166 mil trabajadores adicionales sin empleo. Este fenómeno ha generado un debate intenso sobre si las políticas laborales de Jara realmente benefician a la mayoría o si, por el contrario, terminan perjudicando a los sectores más vulnerables.
Desde la perspectiva del oficialismo y sectores progresistas, "el aumento del salario mínimo es un paso necesario para combatir la precariedad y la pobreza laboral", argumentan. Para ellos, el llamado "sueldo vital" no solo es un instrumento de justicia social, sino también un motor para estimular la demanda interna y promover un crecimiento económico más inclusivo.
Sin embargo, economistas críticos y parte del empresariado advierten que estas medidas han inhibido la creación de empleo y aumentado la informalidad. La lógica que sostienen es clara: "Cuando el costo de contratar sube, las empresas reducen su oferta laboral, afectando principalmente a los trabajadores menos calificados". Esta visión se apoya en datos que muestran que el desempleo real podría alcanzar 1,4 millones, muy por encima de las cifras oficiales.
En el terreno político, la figura de Jara se ha convertido en un símbolo de la tensión entre los ideales de justicia social y las realidades económicas. La oposición ha capitalizado el descontento de sectores afectados, denunciando que las políticas laborales han aumentado la pobreza y la exclusión. Mientras tanto, dentro de la coalición de gobierno, se observan debates internos sobre la necesidad de ajustar estas políticas para no sacrificar la generación de empleo.
En regiones, el impacto es heterogéneo. Comunidades con economías más dependientes de la micro y pequeña empresa reportan mayores dificultades para mantener sus plantillas de trabajadores, mientras que en grandes centros urbanos la discusión se centra más en la redistribución del ingreso y el fortalecimiento de los derechos laborales.
El análisis histórico recuerda casos similares, como la Ley de Recuperación Industrial de Estados Unidos de 1933, que la Corte Suprema declaró inconstitucional por considerar que limitaba derechos individuales y afectaba la economía. Este antecedente resuena en el debate chileno sobre hasta qué punto el Estado puede intervenir en la regulación del trabajo sin generar efectos contraproducentes.
Tras meses de confrontación y análisis, algunas certezas comienzan a emerger: las políticas de aumento salarial y reducción de jornada laboral, si bien buscan mejorar las condiciones de vida, tienen efectos complejos que no pueden ser entendidos de forma simplista. La exclusión de trabajadores menos calificados y el aumento del desempleo real son consecuencias que requieren ser abordadas con políticas complementarias, como capacitación laboral, incentivos a la contratación y apoyo a la formalización.
El desafío para Chile es, entonces, encontrar un equilibrio entre justicia social y dinamismo económico, donde las medidas no solo beneficien a un grupo restringido sino que integren a la mayor cantidad posible de trabajadores en condiciones dignas. La historia de Jeannette Jara y su propuesta es, en este sentido, un espejo donde se reflejan las tensiones profundas de un país que busca avanzar sin dejar a nadie atrás, pero que aún no ha encontrado la fórmula definitiva para lograrlo.