A más de dos meses de que concluyera uno de los juicios ambientales y económicos más emblemáticos de la última década en Chile, la sentencia del Tribunal de Juicio Oral de Punta Arenas sobre el caso Nova Austral sigue resonando en los fiordos de la Patagonia y en los pasillos del poder. El pasado 12 de junio, cuatro ex altos ejecutivos de la salmonera fueron condenados por contaminar aguas y presentar declaraciones falsas a la autoridad. Sin embargo, en una decisión que genera disonancia, fueron absueltos del delito de fraude de subvenciones, cargo que apuntaba a un perjuicio fiscal de casi 59 mil millones de pesos. Lejos de cerrar una herida, el veredicto la ha expuesto, dejando al descubierto las profundas contradicciones de un modelo de desarrollo que choca frontalmente con la sostenibilidad de uno de los territorios más prístinos del planeta.
La investigación, impulsada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía, desnudó un modus operandi sistemático. Entre 2016 y 2019, la administración de Nova Austral, liderada por el exgerente general Nicos Nicolaides, orquestó un engaño para ocultar la sobreproducción de salmones en sus centros de cultivo, varios de ellos ubicados en las sensibles aguas del Parque Nacional Alberto de Agostini. Para lograrlo, adulteraron informes de mortalidad, reportando cifras muy inferiores a las reales para no superar los límites de producción impuestos por su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La consecuencia directa de esta sobreproducción fue un daño ambiental tangible. El tribunal dio por acreditado que la empresa introdujo agentes contaminantes y químicos en el fondo marino para intentar ocultar las condiciones anaeróbicas —falta de oxígeno— generadas por el exceso de heces y alimento no consumido. Esta acción no solo violó la Ley de Pesca, sino que atentó contra la base misma del ecosistema.
El punto más complejo del fallo fue la absolución por fraude de subvenciones. La acusación sostenía que el fin último del engaño era seguir accediendo a los beneficios de la Ley Navarino, un instrumento diseñado para fomentar la inversión y el empleo en zonas extremas. Al incumplir la normativa ambiental, Nova Austral perdía el derecho a recibir estas bonificaciones. Para la Fiscalía y el CDE, la conexión era directa. Para la defensa de los ejecutivos, liderada por el abogado Alejandro Espinoza, la acusación era “artificial” y se construyó sobre “graves errores”. El tribunal acogió esta última visión, separando el delito ambiental del fraude económico, una distinción que la Fiscalía ya anunció que buscará revertir en instancias superiores.
El caso Nova Austral funciona como un espejo incómodo para la industria salmonera. Por un lado, refleja una imagen de negligencia y fraude corporativo. Por otro, proyecta la narrativa que el propio sector intenta consolidar.
- La Visión de la Industria: Apenas unos días antes del veredicto, Carlos Odebret, presidente de los Salmonicultores de Magallanes, publicaba una columna en la que defendía el modelo como una forma de “bioeconomía” y criticaba el uso del término “extractivismo”. Argumentaba que detrás del salmón chileno, “indispensable en las mesas japonesas”, hay ciencia, innovación y desarrollo regional. Esta visión presenta a Nova Austral como una anomalía, una manzana podrida, y no como un síntoma de las presiones sistémicas por maximizar la producción.
- El Frente Regulatorio y Político: El escándalo ha erosionado la confianza y ha servido de combustible para un debate mayor: la reforma a la Ley de Pesca. Mientras el gobierno impulsa un nuevo “fraccionamiento” de las cuotas pesqueras —redistribuyendo parte de la torta del sector industrial al artesanal—, las grandes pesqueras como Camanchaca y Landes han anunciado acciones legales contra el Estado, acusando una “expropiación encubierta” y un cambio a las reglas del juego que atenta contra la certeza jurídica. El caso Nova Austral es usado por los críticos de la industria como prueba de que el marco actual es insuficiente y ha sido abusado, justificando así una regulación más estricta y una redistribución de los recursos del mar.
- La Perspectiva Regional: Para la Región de Magallanes, el conflicto es existencial. La salmonicultura es una fuente crucial de empleo y actividad económica en una zona con pocas alternativas. Sin embargo, la promesa de desarrollo choca con la vocación de conservación de un territorio que es marca mundial por su naturaleza virgen. La comunidad local se encuentra atrapada entre la necesidad de puestos de trabajo y el temor a que el costo de ese desarrollo sea la degradación irreversible de su patrimonio natural.
El caso no puede entenderse sin la Ley Navarino. Creada para incentivar la inversión en una de las zonas más aisladas del mundo, se convirtió en un incentivo perverso para delinquir. La posibilidad de perder millonarias bonificaciones empujó a la empresa a ocultar sus infracciones ambientales, revelando una falla fundamental en el diseño de políticas públicas cuando no van acompañadas de una fiscalización robusta y sanciones disuasorias.
El proceso judicial de Nova Austral no ha terminado. Las sentencias definitivas están pendientes y ambas partes alistan sus recursos de nulidad para escalar el caso a la Corte de Apelaciones y, eventualmente, a la Suprema. La herida que deja este escándalo es triple: es ambiental, por el daño causado a los fondos marinos; es económica, por el presunto fraude a las arcas fiscales que, por ahora, queda impune; y es social, por la fractura de la confianza pública en una de las industrias exportadoras más importantes de Chile. La pregunta que queda flotando sobre los canales patagónicos es si es posible conciliar la producción intensiva con la conservación. El veredicto, con sus matices y contradicciones, sugiere que Chile aún no ha encontrado la respuesta.