La crisis energética y la política de acuerdos en Chile: Más allá del ruido, las consecuencias visibles

La crisis en el sector eléctrico chileno no es solo un problema técnico ni un escándalo pasajero: es una tragedia en desarrollo que pone en jaque la confianza ciudadana, la estabilidad económica y la gobernabilidad.

A mediados de octubre de 2025, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reconoció un error metodológico grave que duplicó el IPC en el cálculo de tarifas, generando cobros en exceso en las cuentas de luz de millones de hogares y empresas. Este error, que llevó a la salida del entonces ministro Diego Pardow, fue solo el primer capítulo de un drama que aún no encuentra un cierre definitivo.

Poco después, se reveló una sobrevaloración de capital por parte de Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica, que derivó en cobros adicionales estimados inicialmente en US$135 millones. La empresa se comprometió a devolver estos montos, pero la cifra está sujeta a auditorías y revisiones que pueden modificar el impacto final.

Este doble error ha generado una cascada de reacciones: desde la movilización social hasta la agudización de disputas políticas. La oposición, que ha unido fuerzas en un hecho poco común, ha impulsado una acusación constitucional contra Pardow, atribuyéndole responsabilidad directa en el perjuicio económico a los consumidores.

“Aunque el exministro ya no está en el cargo, su responsabilidad en la gestión y los errores cometidos no puede quedar impune”, señalan desde partidos que van desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario.

Por su parte, el Gobierno ha intentado calmar las aguas anunciando mecanismos de devolución y rebajas en las boletas desde enero de 2026, pero la incertidumbre persiste. Estudios independientes, como el de la consultora Valgesta Nueva Energía, cuestionan las cifras oficiales, sugiriendo que los montos reales pagados en exceso podrían ser mucho menores, lo que añade más confusión al debate público.

En paralelo, la crisis energética se inscribe en un contexto más amplio de inquietudes económicas y sociales. Empresarios del Biobío, en su encuentro anual Erede 2025, alertan sobre la inestabilidad jurídica y regulatoria, así como la inseguridad, factores que frenan la inversión y el desarrollo regional.

“La incertidumbre es el peor enemigo del crecimiento. Sin reglas claras y un clima de seguridad, difícilmente podremos atraer proyectos que impulsen el progreso”, advierten líderes empresariales.

Este escenario se complica con el fin del emblemático caso SQM, que tras 11 años de proceso judicial terminó con absoluciones para todos los acusados, incluyendo figuras políticas de alto perfil. La resolución ha sido recibida con escepticismo y denuncias cruzadas sobre persecución política y debilidad institucional.

Desde un ángulo más amplio, esta crisis energética y política refleja la dificultad de Chile para consolidar un modelo de gobernanza eficiente y confiable en sectores estratégicos. La debilidad en controles, la falta de transparencia y la politización de la gestión pública alimentan un círculo vicioso que erosiona la confianza ciudadana y dificulta la toma de decisiones.

Los acuerdos anunciados hasta ahora, como la devolución comprometida por Transelec y la salida de Pardow, son pasos necesarios pero insuficientes para restaurar la credibilidad y la estabilidad. La tensión política está lejos de amainar, y la expectativa recae en la próxima administración presidencial, que deberá enfrentar no solo la herencia de esta crisis, sino también las demandas sociales y económicas que la acompañan.

Desde distintos sectores, se observa un desafío común: la necesidad de acuerdos amplios y duraderos que trasciendan ciclos electorales y permitan construir un sistema energético transparente, eficiente y justo.

“Sin acuerdos claros y compromiso político, seguiremos navegando en aguas turbulentas, con costos que terminan pagando los más vulnerables”, advierten expertos en política energética.

En conclusión, la crisis en el sector eléctrico chileno es un espejo de los desafíos institucionales y políticos que enfrenta el país. Más allá del ruido inmediato, las consecuencias visibles ya se manifiestan en la economía doméstica, la inversión y la confianza pública. La resolución definitiva requerirá no solo correcciones técnicas, sino también un diálogo político profundo y una reforma estructural que garantice la transparencia, la fiscalización y la participación ciudadana.

Solo así Chile podrá evitar que esta tragedia se repita y avanzar hacia un futuro energético sostenible y socialmente justo.

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Fuentes: Diario Financiero (octubre 2025), Valgesta Nueva Energía, declaraciones oficiales del Ministerio de Energía, reportes empresariales del Biobío, análisis políticos y judiciales recientes.