
Valparaíso enfrenta una de sus mayores crisis estructurales, que ya no es solo un problema latente sino una realidad palpable y multifacética. Según el Censo 2024, la región tiene casi un adulto mayor por cada menor de 15 años, con un índice de envejecimiento que supera el 98,6%. Este fenómeno demográfico, impulsado por la migración interna y la baja natalidad, redefine las demandas sociales y económicas de la zona, y pone en jaque la capacidad de las políticas públicas para adaptarse a un perfil poblacional que envejece rápidamente.
La crisis habitacional, exacerbada por el megaincendio de 2024 que devastó amplias zonas, sigue sin resolverse con la urgencia requerida. A un año y medio del desastre, apenas se han entregado poco más de 100 viviendas definitivas, mientras cientos de familias permanecen en la precariedad, atrapadas en campamentos como la megatoma de San Antonio, donde más de 3.000 familias enfrentan desalojos inminentes.
Este estancamiento refleja una burocracia que paraliza la reconstrucción. Como señala Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile, 'el exceso de trámites y la permisología convierten la ayuda en un proceso lento y frustrante, prolongando el sufrimiento de los más vulnerables'. La falta de coordinación entre Estado, sector privado y comunidades organizadas agrava la situación, mientras la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona.
En paralelo, la seguridad pública emerge como un tema central en el debate político regional. Las recientes elecciones senatoriales en Valparaíso evidenciaron una fuerte división en torno a cómo enfrentar el auge del crimen organizado, un fenómeno que ya está detrás del 13% de los homicidios en la región. Candidatos como Andrés Longton proponen modernizar los puertos con tecnología de punta para frenar el narcotráfico, mientras Claudio Uribe enfatiza la necesidad de mejorar la segregación en cárceles para evitar la contaminación criminógena.
Estas posturas reflejan una disonancia profunda: mientras algunos optan por la inversión tecnológica y la modernización logística, otros alertan sobre la insuficiencia de medidas represivas si no se acompañan de políticas sociales integrales. En el centro, la ciudadanía observa con preocupación cómo la inseguridad impacta en su calidad de vida y en el desarrollo económico regional.
Además, la desigualdad territorial se hace evidente. El envejecimiento poblacional es más agudo en zonas rurales y costeras, donde migraciones internas han dejado a jóvenes fuera, mientras en el norte del país regiones como Tarapacá mantienen poblaciones más jóvenes debido a la actividad minera y dinamismo económico. Esta disparidad obliga a pensar en políticas regionalizadas que reconozcan las singularidades locales y no se limiten a soluciones centralizadas.
En este escenario, las voces desde la región insisten en la necesidad de un enfoque integral que articule envejecimiento, vivienda, seguridad y desarrollo económico. 'No todo se tiene que resolver desde el nivel central, parte importante de las soluciones deben generarse desde las regiones, reconociendo sus realidades y características', afirma Octavio Vergara, experto en temas de envejecimiento.
Finalmente, la tragedia reciente en Valparaíso no solo es la suma de incendios, atropellos o tomas, sino el reflejo de una ciudad y una región que luchan por salir del declive sin perder su identidad. La reconstrucción, la seguridad y la adaptación demográfica son desafíos que se entrelazan y que exigen decisiones valientes y colaborativas. La historia reciente demuestra que la lentitud y la fragmentación solo prolongan el drama social. La pregunta que queda es si las próximas autoridades y actores sociales estarán a la altura de la urgencia que la región reclama.
Fuentes: Diario Financiero, La Tercera, Cooperativa.cl, BioBioChile, declaraciones de expertos y autoridades regionales.