Meses después de que la filtración de un audio sacudiera los cimientos del poder en Chile, el llamado "Caso Hermosilla" ha trascendido el escándalo mediático para convertirse en el epicentro de una profunda crisis de confianza institucional. La grabación, donde el influyente abogado Luis Hermosilla discutía con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), fue solo la punta del iceberg. Hoy, el caso se ha ramificado en un complejo entramado judicial que no solo persigue delitos de corrupción, sino que también ha puesto un espejo frente a las élites y al propio sistema de justicia, revelando grietas que amenazan la fe pública.
La situación ha madurado. Luis Hermosilla, tras un período en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber que generó un intenso debate público, se encuentra ahora con arresto domiciliario. Sin embargo, la investigación, lejos de cerrarse, se expande y profundiza, con una audiencia de reformalización de cargos programada para agosto, que promete precisar y ampliar las acusaciones contra los principales imputados.
La evolución del caso ha seguido caminos divergentes, dibujando un mapa complejo de responsabilidades y resultados. Por un lado, la arista principal, que involucra a Hermosilla, Villalobos y Sauer, avanza hacia un juicio oral. La Fiscalía ha sido clara en su intención de llevarlos ante la justicia por los delitos que el audio dejó al descubierto.
En un carril paralelo, sin embargo, la trama que involucraba a ejecutivos de LarrainVial Activos AGF en el marco del caso Factop tuvo un desenlace distinto. En junio, el tribunal aprobó una suspensión condicional del procedimiento para ocho de sus directivos y ejecutivos. Este acuerdo con el Ministerio Público, que implica el cumplimiento de ciertas condiciones durante un año para un eventual sobreseimiento, contrasta fuertemente con la persecución penal de los protagonistas del audio. Esta dualidad ha alimentado una percepción ciudadana de una justicia que opera con distintos criterios según el poder e influencia del imputado.
La arista más corrosiva para la institucionalidad es, quizás, la que involucra al exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra. La revelación de sus conversaciones por chat con Luis Hermosilla, publicadas por CIPER, no solo lo vinculan a la entrega de información reservada sobre el caso del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, sino que también lo muestran defendiendo sus controvertidas decisiones en el Caso Penta. En su declaración, Guerra apuntó a otro fiscal, Felipe Sepúlveda —paradójicamente, hoy parte del equipo que investiga a Hermosilla—, como su fuente. Este cruce de acusaciones entre persecutores ha instalado una crisis de legitimidad sin precedentes dentro del Ministerio Público, sembrando dudas sobre su autonomía e integridad.
El caso Hermosilla no admite una lectura única; es un prisma que refleja las tensiones de la sociedad chilena.
- La perspectiva judicial: La Fiscalía busca sentar un precedente contra la corrupción, llevando a juicio a una figura poderosa como Hermosilla. No obstante, las salidas alternativas concedidas a otros actores de peso económico generan una disonancia cognitiva: ¿se está atacando el problema de raíz o solo a sus caras más visibles? La defensa de Hermosilla, liderada por su hermano Juan Pablo, ha desplegado una estrategia mediática y legal intensa, argumentando desde problemas de salud hasta la vulneración de garantías, un estilo que, según reportes, le ha granjeado incluso nuevos clientes en el llamado "efecto Yáber".
- La visión desde la élite: El escándalo ha tocado a figuras y empresas del más alto nivel. La forma en que algunos han navegado la crisis, logrando acuerdos que evitan el juicio, es vista por muchos como una demostración de la capacidad de las redes de poder para protegerse. La mención de figuras políticas como Andrés Chadwick en la contratación de Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián, aunque negada por este, refuerza la imagen de un circuito cerrado de favores e influencias.
- La mirada ciudadana: Para una gran parte de la población, el caso confirma la sospecha de que existe una "cocina" donde se negocian influencias y se tuerce la ley. La frase de Guerra en un chat, describiendo a ciertos funcionarios como "pituco de pera blanda", se ha convertido en un símbolo del desdén con que se percibe que la élite trata las instituciones. La consecuencia más palpable es una erosión acelerada de la confianza, no solo en la justicia, sino en el sistema democrático en su conjunto.
El "Caso Hermosilla" no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga historia de escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de la política (Penta, SQM) que han marcado la última década en Chile. La particularidad de este caso es la crudeza con que expone el modus operandi y la implicación directa de actores que operan en la intersección del derecho, la política y los negocios.
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa crucial. La investigación sigue abierta y la reformalización de agosto podría endurecer las penas solicitadas. La arista que investiga al exfiscal Guerra continúa su curso, amenazando con revelar más conexiones incómodas. El tema ya no es si se cometió un delito, sino cuán extendida está la red y si el sistema de justicia tiene la capacidad y la voluntad de sanearse a sí mismo. La pregunta que queda flotando es si este caso será un punto de inflexión o simplemente otro capítulo en la crónica de una confianza fracturada.