A más de dos meses de que la Contraloría General de la República detonara una bomba mediática, las réplicas del escándalo por el uso fraudulento de licencias médicas continúan sacudiendo al aparato estatal. Lo que comenzó como un cruce de datos revelando que más de 25.000 funcionarios públicos habían salido del país durante sus periodos de reposo entre 2023 y 2024, ha madurado hasta convertirse en un diagnóstico lapidario sobre la salud de la confianza pública en Chile. Hoy, con cientos de sumarios administrativos en curso, despidos masivos en empresas estatales como BancoEstado, la renuncia de la cabeza de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y un Congreso debatiendo leyes punitivas, el país se ve forzado a mirar más allá del síntoma para entender la enfermedad.
El informe de Contraloría fue solo la punta del iceberg. A medida que se profundizó la investigación, emergieron múltiples focos de irregularidad que demuestran la naturaleza sistémica del problema. Instituciones como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra fueron señaladas como epicentros, con tasas de ausentismo del 17% y 14,9% respectivamente, muy por sobre el promedio del 9,2% del sector público. Estas cifras no solo representan un costo fiscal, sino que impactan directamente en la calidad de la educación parvularia, sobrecargando a los equipos y, en ocasiones, forzando el cierre temporal de jardines.
El fraude no se limita a quien recibe la licencia. Un informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) reveló que 1.470 prestadores de salud emitieron 30.870 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban con reposo vigente. Este hallazgo corroyó la base del sistema: la buena fe del profesional médico. A esto se sumó una auditoría de Contraloría a la SUSESO, el organismo fiscalizador, que detectó fallas críticas como la existencia de 5.104 cuentas de usuarios activos correspondientes a personas fallecidas y demoras de hasta 427 días en resolver sanciones contra médicos, evidenciando una incapacidad estructural para controlar y sancionar eficazmente.
La reacción política y pública ha oscilado entre dos narrativas contrapuestas. Por un lado, una visión centrada en la probidad individual y la sanción. Desde el gobierno hasta la oposición, la respuesta inicial se enfocó en la persecución del fraude. Se abrieron sumarios, se concretaron despidos —BancoEstado desvinculó a 91 trabajadores— y se impulsaron reformas legales. Senadores de Chile Vamos presentaron un proyecto para que el mal uso de una licencia sea causal de destitución inmediata, mientras que el Ejecutivo promulgó una ley que endurece las sanciones a los emisores fraudulentos y evalúa modificar el esquema de pago de las licencias para desincentivar los reposos prolongados.
Por otro lado, una perspectiva que apunta a las causas estructurales y las condiciones laborales. Dirigentes gremiales, como los de Ajunji, si bien condenan el abuso, argumentan que el fenómeno es también un síntoma de un malestar más profundo. Advierten sobre el agobio laboral post-pandemia, especialmente en sectores altamente feminizados como la educación parvularia, la falta de personal y climas laborales tóxicos. El caso de Wilson Rojas en la JUNJI de Coquimbo resulta paradigmático: un jefe que denunció a una subalterna por viajar a Brasil con licencia fue finalmente destituido por acoso laboral, tras un proceso que cuestionó su “hiperacción investigativa”. Este hecho instala una disonancia cognitiva: ¿se castiga a quien denuncia o a quien comete la falta? Este enfoque sugiere que sin atender las condiciones de base, las medidas punitivas serán insuficientes.
El fraude de las licencias médicas no es un fenómeno nuevo en Chile, pero la escala masiva revelada por la tecnología y el contexto de crisis de confianza le han dado un carácter inédito. El escándalo ha tocado fibras sensibles, desde el uso de recursos públicos hasta la ética de figuras de alto perfil, como lo ilustra el sumario a la hija del exsubsecretario Manuel Monsalve por una presunta licencia irregular a su padre.
Actualmente, el tema sigue en plena evolución. Las investigaciones administrativas continúan su curso. La SUSESO, bajo nueva dirección, ha instruido a los operadores tecnológicos la suspensión automática de la facultad de emitir licencias a médicos que estén con reposo, una medida concreta para cortar un eslabón del fraude. Sin embargo, el debate de fondo persiste: ¿bastará con endurecer las leyes y mejorar los sistemas de control, o se requiere una intervención más profunda en la cultura organizacional y las condiciones de trabajo del sector público? La respuesta a esta pregunta definirá si Chile logra sanar no solo una falla administrativa, sino una herida en su confianza colectiva.