
El pasado 30 de junio, Chile y Argentina experimentaron las temperaturas más bajas del planeta, excluyendo las zonas polares, en un fenómeno climático que dejó heladas históricas desde la Patagonia hasta la zona central de Chile y regiones clave de Argentina. Las consecuencias se hicieron sentir en la cotidianeidad de millones, con suspensiones escolares, alertas sanitarias y un debate que trasciende lo meteorológico para instalarse en la arena política y social.
En Chile, la Dirección Meteorológica reportó temperaturas que descendieron hasta -15 grados Celsius en la Patagonia, con registros notables en Balmaceda (-18.9 °C) y Coyhaique (-18.2 °C). Más al norte, en la zona centro-sur, localidades como Longaví (-9.8 °C), Purranque (-9.3 °C) y Temuco (-7.9 °C) también sufrieron heladas severas. En la Región Metropolitana, Curacaví marcó -2.2 °C y Pirque -4.0 °C, mientras Santiago apenas rozó el cero con -0.5 °C.
Al otro lado de la cordillera, Argentina no fue menos. El Servicio Meteorológico Nacional declaró alerta amarilla en Buenos Aires y Córdoba, donde las temperaturas descendieron a -9 °C o menos. En la Patagonia y Cuyo, se registraron mínimas de hasta -16 °C, con presencia de nieve en sectores como Mar del Plata y Neuquén. Las autoridades argentinas suspendieron clases y emitieron advertencias sanitarias para proteger a la población vulnerable.
Desde el gobierno chileno, la emergencia fue asumida como un fenómeno natural extremo, con énfasis en la coordinación de servicios de salud y educación para mitigar riesgos. Sin embargo, sectores sociales y expertos cuestionaron la preparación estatal y la capacidad de respuesta, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, donde el acceso a calefacción adecuada y recursos básicos es limitado.
“Estas olas de frío evidencian las brechas históricas en infraestructura y políticas públicas que aún persisten en nuestro país,” señaló María Fernández, académica en políticas sociales de la Universidad de Chile.
En Argentina, la discusión tomó un cariz político más marcado. Mientras el gobierno nacional defendió las medidas tomadas, desde la oposición se criticó la falta de inversión en sistemas de alerta temprana y asistencia social. Además, organizaciones civiles denunciaron que la suspensión de clases, aunque necesaria, dejó en evidencia la fragilidad del sistema educativo ante fenómenos climáticos extremos.
Este episodio no puede entenderse sin considerar el contexto global y regional. Expertos en cambio climático advierten que la intensificación de olas polares y eventos climáticos extremos está relacionada con alteraciones en la circulación atmosférica, producto del calentamiento global y la variabilidad natural.
“Lo que estamos viendo es un síntoma de un sistema climático que se desestabiliza. La planificación territorial y social debe incorporar estas nuevas realidades,” explica Rodrigo Salazar, climatólogo del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral.
En términos prácticos, la ola polar ha puesto a prueba la resiliencia social y la capacidad de adaptación de ambos países. La suspensión de clases, las alertas sanitarias y la afectación a sectores productivos son consecuencias visibles, pero también se abre un debate sobre políticas públicas, justicia climática y equidad social.
- Las temperaturas extremas del 30 de junio pusieron en evidencia las desigualdades estructurales en acceso a recursos y protección frente a desastres naturales.
- La respuesta institucional, aunque rápida en ciertos aspectos, no logró cubrir plenamente las necesidades de las comunidades más vulnerables.
- El fenómeno subraya la urgencia de integrar variables climáticas extremas en la planificación nacional y regional, considerando no solo la gestión de emergencias sino también la mitigación y adaptación a largo plazo.
Este frío extremo, más que un episodio aislado, es un llamado a repensar cómo Chile y Argentina enfrentan los desafíos que presenta un clima en transformación, con impactos directos en la vida de sus habitantes y en la estructura misma de sus sociedades.