El proyecto fiscal de Trump divide a Estados Unidos: ¿avance económico o recorte social?

En un escenario que recuerda a un coliseo romano, el Congreso estadounidense ha sido testigo del intenso debate sobre la llamada "Ley de Una Gran y Hermosa Factura", el ambicioso proyecto fiscal del presidente Donald Trump que busca remodelar el panorama económico y social de Estados Unidos. Desde su aprobación en la Cámara de Representantes con un voto ajustado hasta la maratónica sesión en el Senado, el proyecto ha desatado una batalla feroz entre aliados y opositores.

El proyecto se propone mantener tasas impositivas actuales y añadir exenciones que favorecen a ciertos sectores, al tiempo que recorta programas sociales históricos como Medicaid y SNAP. Para Trump y sus seguidores republicanos, estas medidas son la llave para evitar un aumento masivo de impuestos y estimular el crecimiento económico, con la esperanza de que el crecimiento compensará los recortes. "No se vuelvan locos! Lo compensaremos, multiplicado por diez, con CRECIMIENTO, más que nunca", escribió el presidente en sus redes.

Pero en esta arena, no todos los republicanos están alineados. La división interna es profunda: algunos temen que los recortes a la red de seguridad social afecten a millones de estadounidenses, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. La Oficina de Presupuesto del Congreso advierte que el plan podría aumentar la deuda federal en casi 3 billones de dólares en la próxima década. Esta disonancia ha hecho que la aprobación final sea una carrera contrarreloj, con un margen de error mínimo para los líderes del partido.

Por su parte, los demócratas han desplegado una ofensiva implacable, presentando enmiendas para bloquear las disposiciones que, según ellos, benefician a los más ricos a costa de las familias trabajadoras. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que "el pueblo estadounidense no olvidará lo que los republicanos hacen en esta cámara hoy". Aunque sus enmiendas enfrentan un Senado controlado por republicanos, han logrado retrasar y complicar el proceso.

Un capítulo aparte es la agenda migratoria incluida en el proyecto. Se destinan 350.000 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza y financiar la mayor operación de deportación masiva en la historia reciente de EE.UU. Esto implica la contratación de miles de nuevos agentes y la ampliación de centros de detención, con tarifas severas para quienes soliciten asilo. Esta política ha generado rechazo en sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, que denuncian un retroceso en las garantías fundamentales.

La ciudadanía estadounidense, por su parte, se muestra mayoritariamente contraria al paquete, preocupada por el impacto en la salud, la nutrición y la equidad social. Los hogares más pobres podrían enfrentar un aumento en su carga fiscal, mientras que los más ricos recibirían beneficios sustanciales.

En definitiva, este proyecto no solo es una pieza legislativa, sino un símbolo del choque entre visiones opuestas sobre el futuro del país: un modelo que prioriza el crecimiento económico y el control migratorio frente a otro que defiende la protección social y la inclusión.

Al concluir esta batalla legislativa, queda claro que las consecuencias se sentirán más allá del corto plazo. La deuda pública, el acceso a servicios básicos y la cohesión social están en juego, mientras el país observa cómo se define su rumbo en un momento de alta polarización política y social.