
Un giro que sorprendió al país. A finales de junio de 2025, Jeannette Jara consolidó su posición tras ganar la primaria oficialista con holgura, y con ello, el respaldo público de figuras clave del Socialismo Democrático que hasta semanas antes cuestionaban su postura frente a regímenes autoritarios en América Latina. Esta voltereta política no solo reconfiguró las alianzas internas, sino que dejó en evidencia tensiones profundas sobre cómo se interpretan y valoran los derechos humanos en el actual escenario chileno.
Previo a la primaria, diversos líderes socialdemócratas expresaban inquietud por la ambigüedad de Jara en torno a las dictaduras de Venezuela y Cuba, especialmente en un momento en que Chile enfrentaba una crisis migratoria vinculada directamente con la situación venezolana. La crítica era clara: mientras la condena a la dictadura de Pinochet era unánime y vehemente, la mirada hacia los llamados “regímenes del proletariado” parecía más indulgente, lo que generaba desconcierto y debate dentro del oficialismo y la opinión pública.
“No podemos tener doble estándar en la defensa de los derechos humanos,” señalaba una parlamentaria de centroizquierda en ese entonces, reflejando la preocupación que permeaba en ese sector.
El respaldo inmediato a Jara tras su triunfo dejó en evidencia que, más allá de las diferencias sobre política internacional, el oficialismo optó por la unidad frente a la inminente contienda presidencial. Para algunos, esta decisión responde a una estrategia pragmática: priorizar la cohesión interna y la capacidad de competir electoralmente, dejando en segundo plano las disputas ideológicas.
Desde la perspectiva de Jara y sus adherentes, “la crítica a los regímenes autoritarios debe ser constante, pero no puede impedir construir un proyecto político que atienda las urgencias sociales de Chile,” argumentan, enfatizando la necesidad de un enfoque más flexible que permita abordar los desafíos internos sin perder el horizonte de justicia social.
En regiones afectadas por la migración venezolana, las posiciones se mantienen divididas. Algunos sectores sociales y autoridades locales reclaman mayor claridad y firmeza en la política migratoria y en la defensa de los derechos humanos, temiendo que la ambigüedad oficial pueda agravar tensiones y afectar la convivencia.
En contraste, movimientos sociales y grupos progresistas celebran la postura de Jara como un avance hacia una izquierda más inclusiva y menos dogmática, que reconoce la complejidad de los procesos políticos latinoamericanos.
Este episodio revela una fractura latente en la socialdemocracia chilena, entre quienes priorizan la coherencia ética y quienes apuestan por la unidad estratégica. La tensión entre ambas posturas no solo afecta la candidatura presidencial, sino que también pone en jaque la capacidad del oficialismo para construir consensos duraderos en un país marcado por la polarización.
Además, la ambivalencia frente a regímenes autoritarios y la crisis migratoria evidencian que las fronteras entre política interna y externa son cada vez más difusas, y que las decisiones tomadas hoy tendrán efectos palpables en la estabilidad social y política de Chile en los próximos años.
En definitiva, esta voltereta socialdemócrata no es solo un cambio de alineamientos políticos, sino una ventana para comprender las complejidades y contradicciones que atraviesan a la izquierda chilena en su búsqueda por redefinir su identidad y su papel en un escenario nacional e internacional en constante transformación.
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Fuentes consultadas: análisis de La Tercera (2025-06-30), entrevistas a líderes políticos, reportes regionales sobre migración y derechos humanos.