El fraude en licencias médicas en Chile: cómo la red de abusos y omisiones impactó al sistema de salud y la confianza pública

Un escándalo que se extendió en el tiempo, revelando un fenómeno de fraude y abuso en el sistema de licencias médicas que golpeó la confianza pública y puso en jaque la seguridad social chilena.

Desde 2023 y hasta mediados de 2025, más de 100.000 personas, entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, usaron licencias médicas de manera irregular, con casos que van desde viajes al extranjero hasta la autoemisión de permisos por parte de médicos en reposo. La serie de investigaciones y reportes oficiales, liderados por la Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), permitió desentrañar una trama compleja que involucró a miles de funcionarios, médicos y diversas instituciones públicas y privadas.

La cronología del fraude y sus protagonistas

En mayo de 2025, la Contraloría reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica. Posteriormente, un informe complementario señaló que casi 11.000 funcionarios públicos en regiones realizaron movimientos similares, sumando más de 15.000 licencias con uso irregular. Estas prácticas afectaron principalmente a servicios de salud, educación pública y municipalidades, con un fuerte impacto en regiones como Magallanes, La Araucanía y Antofagasta.

Pero no solo los usuarios de licencias estuvieron bajo la lupa. La Suseso detectó que 6.410 médicos emitieron licencias mientras ellos mismos estaban en reposo, e incluso 90 profesionales se autoemitieron permisos. Estas irregularidades llevaron a la implementación de bloqueos automáticos en plataformas electrónicas para impedir la emisión indebida, logrando una reducción significativa y casi total eliminación de estas prácticas para fines de 2025.

En paralelo, la Contraloría identificó que 3.500 funcionarios recibieron licencias emitidas por 44 médicos extranjeros investigados por fraude, quienes emitieron más de 190 mil días de permiso, mayoritariamente por diagnósticos de salud mental. Este grupo incluso incluía médicos que ejercieron sin contar con la certificación Eunacom, requisito obligatorio para trabajar en el sistema público.

Voces enfrentadas y el debate político

Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que “este escándalo va a generar modificaciones reglamentarias y legales para combatir el mal uso de licencias y fortalecer sanciones”. Por su parte, Helia Molina (PPD), presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara, enfatizó que “son unos pocos mafiosos los que han dañado el sistema” y que la justicia debe caer con todo el peso de la ley sobre estos médicos.

En tanto, desde la Superintendencia de Seguridad Social, Patricia Soto, superintendenta subrogante, explicó que la responsabilidad no recae únicamente en los médicos, sino que es un proceso complejo donde intervienen trabajadores, empleadores y entidades previsionales. Resaltó que las nuevas medidas de control buscan proteger la integridad del instrumento de la licencia médica, asegurando que solo quienes realmente estén enfermos puedan acceder a ella.

Sin embargo, en regiones, donde la fiscalización es más débil, la indignación ciudadana se ha traducido en despidos y sanciones, como el caso del municipio de Collipulli, que desvinculó a seis funcionarios, entre ellos la jefa de Control Interno, por hacer uso indebido de licencias para viajes al extranjero.

El impacto económico y social

El fraude en licencias médicas ha significado un costo estimado entre 500 y 800 millones de dólares anuales en gastos indebidos, además de un ausentismo laboral que supera el 20% en algunos sectores, afectando la productividad nacional. La distorsión del sistema, que premia licencias largas con el 100% de la renta imponible y carece de un mecanismo único y coordinado para su fiscalización, ha permitido que estas prácticas se perpetúen.

La ley que entró en vigencia en mayo de 2025 reforzó el control y endureció las sanciones, estableciendo que solo profesionales habilitados pueden emitir licencias y permitiendo suspensiones temporales y multas significativas para quienes incurran en fraudes reiterados. No obstante, expertos y actores políticos coinciden en que se requieren reformas estructurales más profundas, como la reducción de la tasa de reemplazo al promedio OCDE y la transformación del subsidio en un seguro financiado por trabajadores y empleadores.

Constataciones finales

Este caso exhibe la fragilidad de un sistema que, por décadas, ha convivido con prácticas permisivas y una cultura de impunidad que erosionó la confianza pública. La conjunción de actores —médicos, trabajadores, empleadores y organismos fiscalizadores— en un proceso plagado de vacíos regulatorios y falta de coordinación, permitió que un fraude masivo se instalara en el corazón de la seguridad social chilena.

Sin embargo, la presión ciudadana, la cobertura mediática con distancia temporal y la acción de organismos como la Contraloría y la Suseso han impulsado un cambio de rumbo, con medidas tecnológicas y legales que comienzan a dar resultados tangibles.

Pero la historia está lejos de cerrarse. El desafío para Chile es consolidar una cultura de responsabilidad y control que no solo sancione a los infractores, sino que prevenga el abuso y garantice que la licencia médica cumpla su función esencial: proteger a quienes realmente están enfermos, sin poner en riesgo la viabilidad económica y social del sistema.

Este caso, con sus múltiples aristas y voces encontradas, es una invitación a la reflexión profunda sobre la confianza, la ética y la justicia en la administración pública y privada, y sobre cómo las instituciones pueden proteger mejor el bienestar colectivo en un país que busca sanar sus fracturas.