
El balotaje presidencial de 2025 ha puesto bajo los reflectores un tema que, hasta hace poco, parecía relegado a la agenda social: la crianza compartida. El 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, los candidatos que avanzan a la segunda vuelta han abordado este asunto con discursos que combinan confrontación electoral y gestos hacia el electorado más desideologizado que Franco Parisi supo captar.
El programa de Parisi, que alcanzó un apoyo significativo en la primera ronda, planteaba avanzar hacia una Ley de Crianza Compartida que no solo garantizara el derecho de los niños y niñas a mantener un vínculo efectivo con ambos padres, sino que también incluyera sanciones claras para las falsas denuncias en separaciones conflictivas y reconociera la alienación parental como una forma de violencia intrafamiliar. Carolina Valenzuela, psicóloga y presidenta de Fundación Crianza Compartida Chile, señala que "los derechos de los niños y niñas continúan esperando decisiones valientes y responsables".
En este escenario, tanto Gabriel Jara como José Kast han intentado sintonizar con estas demandas, aunque con diferencias visibles. Por un lado, Jara ha enfatizado la necesidad de legislar para proteger el bienestar emocional infantil, reconociendo la alienación parental como un daño real y urgente. Por otro lado, Kast ha mostrado una postura más cautelosa, priorizando la estabilidad familiar tradicional y advirtiendo sobre posibles abusos del sistema judicial que podrían afectar a los padres.
Desde una perspectiva regional, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han expresado preocupación por la posibilidad de que una ley mal diseñada pueda favorecer la revictimización de mujeres y niños en contextos de violencia intrafamiliar. En contraste, agrupaciones de padres separados y movimientos pro-paternidad han aplaudido la inclusión del tema, reclamando mayor equidad y reconocimiento legal.
A diez días del balotaje, el debate sobre la crianza compartida ha trascendido la retórica electoral para poner en evidencia una demanda social que atraviesa las divisiones políticas y que interpela a la sociedad chilena en su conjunto. Aunque el tema ha ganado visibilidad, persisten dudas sobre si los compromisos se traducirán en políticas públicas efectivas o quedarán en meros gestos de campaña.
La tensión entre proteger derechos infantiles y evitar la instrumentalización política de la ley es palpable. Como concluye Valenzuela, "Esta campaña es una oportunidad para que quienes aspiran a gobernar pongan de verdad a la infancia en el centro, más allá de los cálculos electorales".
En definitiva, la crianza compartida emerge como un campo de batalla donde se enfrentan no solo proyectos políticos, sino también visiones sobre la familia, la justicia y el bienestar social. Los próximos meses serán decisivos para verificar si este debate logra traducirse en una legislación que responda a las complejidades del fenómeno o si, como tantas veces, quedará atrapado en la fragmentación discursiva que caracteriza la política chilena.