Hace poco más de tres meses, la palabra “permisología” era un grito de guerra en el mundo empresarial chileno, un concepto que encapsulaba la frustración por el estancamiento económico y la lentitud del Estado. Hoy, tras la aprobación a principios de julio de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el debate ha mutado. La discusión ya no se centra en el diagnóstico, sino en las consecuencias, los equilibrios y las tensiones no resueltas que esta nueva legislación trae consigo. Con la ley lista para su promulgación, es posible analizar con distancia la evolución de un conflicto que define el modelo de desarrollo del país.
El debate público se encendió en abril, cuando influyentes voces del empresariado, como Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, declararon que la “permisología en Chile ya no da para más”, vinculando directamente la burocracia con una supuesta pérdida de las “ganas de crecer” como sociedad. Esta visión, que abogaba por un Estado más ágil y promotor de la inversión, encontró eco en columnas de opinión que criticaban la ineficiencia del aparato público, comparando los plazos chilenos desfavorablemente con los de países vecinos.
Sin embargo, casi de inmediato surgieron contrapesos narrativos. El concepto de “la otra permisología” emergió para cuestionar si el problema era únicamente la lentitud estatal. Se argumentó que, mientras nuevos proyectos enfrentan un escrutinio riguroso bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), industrias más antiguas continúan operando y expandiéndose bajo normativas obsoletas, generando una competencia desigual y debilitando los estándares ambientales. Esta perspectiva introdujo una disonancia clave: ¿la lentitud es un fallo burocrático o una garantía necesaria, aunque imperfecta, de sostenibilidad?
La discusión se tornó más concreta en junio, con la presentación del informe “Con permiso para crecer” del centro de estudios Horizontal. Sus 30 propuestas, que incluían medidas como la priorización de proyectos estratégicos por decisión presidencial, catalizaron el enfrentamiento de visiones. Por un lado, gremios como H2 Chile vieron en ellas una hoja de ruta modernizadora para acelerar la transición energética. Por otro, organizaciones como Fundación Terram alertaron sobre un posible retroceso en la protección ambiental, advirtiendo que entregar decisiones técnicas a la esfera política podría abrir la puerta a la discrecionalidad y la corrupción.
El clímax legislativo llegó el 2 de julio, con la aprobación de la ley. La nueva normativa modifica cerca de 380 permisos sectoriales y crea un nuevo Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial. Introduce herramientas como las declaraciones juradas para permisos de bajo riesgo y el silencio administrativo positivo, donde la ausencia de respuesta de un organismo en un plazo determinado implica la aprobación del permiso. Este fue el punto de llegada de un largo proceso de negociación política.
La aprobación de la ley no generó un consenso, sino que evidenció las distintas posturas que coexisten en tensión:
Este debate no es nuevo. Se inscribe en la histórica tensión de Chile entre un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y una creciente conciencia sobre sus costos ambientales y sociales. La creación del SEIA en los años 90 fue un hito en la institucionalización de esta preocupación. La nueva Ley de Permisos es el capítulo más reciente de esta saga, un intento por modernizar el aparato estatal sin, teóricamente, sacrificar las salvaguardas. La pregunta subyacente sigue siendo la misma: ¿es posible crecer de manera rápida y sostenible a la vez?
Con la ley aprobada, la batalla del papel ha terminado en el Congreso, pero apenas comienza en la realidad. El foco se traslada ahora a la implementación: la creación de la nueva institucionalidad, la digitalización de los procesos y la capacidad de los servicios públicos para adaptarse a los nuevos plazos y exigencias. El éxito de la reforma no se medirá en la cantidad de proyectos aprobados, sino en si logra un equilibrio genuino entre agilidad, certeza jurídica y protección socioambiental. Las divisiones políticas y la insatisfacción parcial de los actores involucrados garantizan que la “permisología” seguirá siendo un tema de vigilancia y debate crítico en los próximos años.