A más de un mes de que la Corte Suprema de Argentina pusiera el sello final a la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), el estruendo del martillo judicial ha dado paso a un complejo reacomodo de las placas tectónicas de la política trasandina. La sentencia por administración fraudulenta en la "Causa Vialidad", que en el instante pareció un cierre de capítulo, se ha revelado como el prólogo de un nuevo acto lleno de incertidumbre. Hoy, la expresidenta cumple arresto domiciliario en su departamento de Buenos Aires, desde donde no solo ha consultado a la justicia si puede asomarse al balcón para saludar a sus adherentes, sino que también ha sido notificada de una multa multimillonaria. Lejos de un epílogo, la condena ha activado narrativas contrapuestas que definen el presente y futuro del país.
El 10 de junio de 2025, el máximo tribunal argentino confirmó el veredicto que encontró a Kirchner culpable de direccionar obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. La decisión judicial, celebrada por el oficialismo como un triunfo de las instituciones, desató una respuesta inmediata y calculada por parte del kirchnerismo. La defensa de la exmandataria activó dos frentes: el legal, anunciando recursos ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional para denunciar un presunto "lawfare" (guerra jurídica), y el político, transformando la condena en un acto de proscripción.
Esta estrategia se materializó en las calles. Una semana después del fallo, una masiva manifestación convocada por el Partido Justicialista (PJ) en la Plaza de Mayo bajo el lema "Argentina con Cristina" demostró que su capacidad de movilización sigue intacta. En un mensaje grabado, la propia CFK reforzó esta idea: "Vamos a volver y además, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza". Este despliegue de fuerza popular busca construir una épica de resistencia, presentando a su líder no como una condenada por corrupción, sino como una mártir de un sistema que busca aniquilarla políticamente.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei, que inicialmente reaccionó con un escueto pero contundente "Justicia. Fin." en redes sociales, enfrenta ahora una paradoja. La salida de CFK del tablero electoral le arrebata a su principal antagonista, la figura que servía como el perfecto contrapunto para su discurso. Analistas políticos señalan que el oficialismo debe ahora recalibrar su estrategia, ya que la polarización directa con el kirchnerismo, un pilar de su narrativa, se ve alterada.
Las interpretaciones sobre el fallo son irreconciliables y reflejan la profunda grieta que atraviesa la sociedad argentina.
La situación de Cristina Kirchner no es un hecho aislado en la historia del peronismo, un movimiento acostumbrado a la resiliencia y a liderazgos que han operado desde la proscripción o el exilio. La comparación con Juan Domingo Perón, detenido en 1945 antes de su ascenso definitivo, o con el brasileño Lula da Silva, quien volvió al poder tras su paso por la cárcel, alimenta la mística kirchnerista.
Sin embargo, en el seno del peronismo también sobrevuela un fantasma: el de Carlos Menem. El expresidente, tras ser detenido por venta ilegal de armas, vio cómo su estrella política se extinguía durante su arresto domiciliario. Este paralelismo plantea la pregunta central para el futuro del movimiento: ¿es Cristina Kirchner el inicio de una nueva resistencia épica o el comienzo de un lento ocaso que abrirá paso a una nueva generación de líderes? Figuras como el gobernador Axel Kicillof o el excandidato Sergio Massa son vistos como posibles sucesores, quienes, aunque públicamente leales, podrían estar preparándose para disputar el poder vacante.
Lejos de estar cerrado, el conflicto ha mutado. Cristina Kirchner, aunque recluida, sigue siendo una figura central que marca el pulso de la oposición. El peronismo se encuentra en una encrucijada estratégica, debatiendo internamente entre cerrar filas tras su líder o iniciar una compleja transición. A la condena penal se sumó, el 11 de julio, una orden judicial para restituir al Estado más de 530 millones de dólares, añadiendo una dimensión patrimonial a la saga. Además, la expresidenta enfrenta otros procesos judiciales pendientes. El tablero político argentino ha sido sacudido, y las piezas, lejos de asentarse, continúan en un movimiento impredecible.