El conflicto entre Gobierno y Contraloría por el financiamiento del FES: una batalla por la contabilidad pública y el futuro fiscal

Un choque de poderes y definiciones contables se ha instalado en el centro del debate político y fiscal chileno desde finales de octubre, cuando la Contraloría General de la República emitió un dictamen que cuestiona la forma en que el Gobierno pretende contabilizar el Financiamiento de la Educación Superior (FES), el mecanismo que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE). El dictamen de la Contraloría, fechado el 28 de octubre de 2025, sostiene que los recursos que implican el FES no pueden ser reconocidos como activos financieros porque no constituyen un derecho adquirido para el Estado, sino que deben ser considerados como gasto público, afectando así el balance fiscal. Esta postura contrasta frontalmente con la visión del Ejecutivo, que defiende la naturaleza de activo financiero del FES, argumentando que existe una relación contractual clara y mecanismos legales que garantizan la recuperación de los recursos.

Desde el origen: el debate sobre la naturaleza fiscal del FES
El proyecto que reemplaza el CAE por el FES fue concebido con la intención de mejorar la sostenibilidad y transparencia del financiamiento estudiantil. Según el Gobierno, el FES es un instrumento financiero con obligaciones explícitas de pago por parte de los beneficiarios, lo que permitiría contabilizarlo como un activo financiero y no como gasto inmediato. Esta clasificación tiene consecuencias directas en la forma en que se reflejan las finanzas públicas y, por tanto, en la percepción de la salud fiscal del país.

Sin embargo, la Contraloría, respondiendo a un requerimiento del diputado Miguel Mellado, emitió un dictamen que rechaza esta interpretación. El ente fiscalizador señala que, dadas las características del instrumento y la falta de un derecho adquirido al momento del otorgamiento, los recursos deben ser considerados como gasto público, lo que implica un aumento del gasto fiscal en torno a US$5.000 millones en los próximos cinco años.

La respuesta del Gobierno: una pugna abierta
El 30 de octubre, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda envió un documento de ocho páginas a la Contraloría para solicitar la reconsideración del dictamen. En este texto, la Dipres sostiene que el FES cumple con las condiciones para ser un activo financiero, enfatizando la existencia de una relación contractual regulada, mecanismos de retención de ingresos por parte de empleadores y respaldo institucional para asegurar la cobranza.

"La naturaleza de activo financiero del instrumento no depende de su naturaleza transable, sino que se relaciona con la certeza de recuperación de los recursos originalmente desembolsados", afirma el documento oficial. El Ejecutivo insiste en que el FES es una inversión recuperable y no un gasto, buscando así preservar la estabilidad fiscal y evitar un impacto negativo en el balance estructural.

Perspectivas y tensiones políticas
Este enfrentamiento no es solo técnico-contable, sino que también refleja tensiones políticas profundas. Por una parte, la Contraloría, bajo la dirección de Dorothy Pérez, ha mostrado un activismo fiscalizador sin precedentes, denunciando irregularidades en múltiples sectores y reforzando su rol con un proyecto de ley que busca ampliar sus atribuciones, incluyendo acceso a cuentas bancarias y la capacidad de solicitar la remoción de autoridades locales.

Por otra parte, el Gobierno enfrenta la presión de mantener la credibilidad fiscal y la confianza de los mercados, mientras navega un escenario político fragmentado donde la oposición y actores sociales cuestionan la transparencia y la sostenibilidad del sistema.

Voces en el debate
Desde la oposición y expertos independientes, la controversia ha generado una variedad de interpretaciones:
- Expertos en finanzas públicas advierten que la decisión de la Contraloría podría reflejar una interpretación conservadora que busca proteger la prudencia fiscal, pero que también podría limitar la innovación financiera en políticas públicas.
- Representantes estudiantiles y sociales observan con preocupación el impacto que esta disputa pueda tener en el acceso y la calidad de la educación superior.
- Desde sectores empresariales, la incertidumbre generada por esta pugna se percibe como un riesgo para la inversión y la estabilidad económica.

Consecuencias y conclusiones
Tras casi un mes de tensiones abiertas, queda claro que el debate sobre el FES es mucho más que un asunto contable. La Contraloría ha marcado un precedente al cuestionar la forma en que el Estado reconoce sus compromisos y gastos, mientras que el Gobierno busca mantener una narrativa que permita continuar con su agenda fiscal sin sobresaltos. Esta disputa pone en evidencia la creciente importancia y poder del ente fiscalizador, que no solo revisa números, sino que también influye en la definición política y social del gasto público.

Finalmente, este episodio revela una tensión estructural en el Estado chileno: la necesidad de modernizar y transparentar la gestión pública, enfrentada a culturas institucionales y políticas que aún resisten cambios profundos. En este escenario, la Contraloría emerge como un actor clave, cuyo activismo desafía no solo al Gobierno, sino también a la propia estructura estatal.

La pregunta que queda para el futuro inmediato es si este conflicto se resolverá con un acuerdo técnico que permita avanzar en el financiamiento de la educación superior, o si se prolongará en una disputa política que impacte la confianza en las instituciones y el diseño de políticas públicas en Chile.