Viña del Mar reactiva ordenanza contra el comercio informal: un choque entre seguridad, economía y derechos ciudadanos
Un pulso entre la ley y la realidad
El Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó por unanimidad la reactivación de una ordenanza que sanciona con multas de 3 a 5 UTM a vendedores ambulantes ilegales, a quienes les compren y a quienes obstruyan operativos de fiscalización. Esta medida, que se implementará de manera gradual con una marcha blanca durante noviembre y diciembre y sanciones efectivas desde enero de 2026, responde al aumento del comercio informal en el centro de la ciudad, un fenómeno que agita viejas tensiones sociales y económicas.
La administración municipal, junto al Departamento de Fiscalización, ya identificó los sectores con mayor presencia de vendedores ambulantes, donde comenzará a aplicarse la normativa. Este contexto pone en escena un desafío que trasciende la simple aplicación de multas: ¿cómo equilibrar el orden público, la seguridad y la protección de derechos ciudadanos con las realidades económicas de quienes sobreviven en la informalidad?
Voces enfrentadas en el debate público
El concejal Sandro Puebla valoró la medida como necesaria y urgió a su pronta implementación, enfatizando la necesidad de recuperar el espacio público y proteger el comercio formal. "El aumento del comercio informal en el centro afecta no solo a los comerciantes establecidos, sino también a la imagen y seguridad de Viña del Mar", afirmó.
En contraste, el concejal José Tomás Bartolucci destacó que la aplicación será gradual, buscando evitar impactos abruptos en quienes dependen de esta actividad para subsistir. "La marcha blanca busca educar y preparar a la comunidad para que las sanciones no sean un golpe inesperado, sino parte de un proceso de ordenamiento", explicó.
Desde la sociedad civil, organizaciones de apoyo a vendedores ambulantes han manifestado preocupación por la falta de alternativas laborales y la criminalización de la pobreza. Para ellos, la medida podría profundizar la exclusión social si no se acompaña de políticas integrales que incluyan capacitación, empleo formal y acceso a servicios.
Impactos y consecuencias visibles
El comercio informal en Viña del Mar no es un fenómeno nuevo, pero su reciente alza ha tensionado la convivencia urbana, generando conflictos entre comerciantes formales, consumidores y autoridades. Las multas buscan frenar prácticas que, según el municipio, afectan la seguridad sanitaria, la movilidad y el orden público.
Sin embargo, la experiencia comparada y estudios locales advierten que la sanción sin políticas de inclusión puede empujar a los vendedores a prácticas aún más precarias o a la clandestinidad, dificultando la fiscalización y aumentando la vulnerabilidad social.
Conclusiones y desafíos abiertos
La reactivación de esta ordenanza marca un punto de inflexión en la gestión del espacio público en Viña del Mar, evidenciando la tensión entre el control normativo y las dinámicas socioeconómicas subyacentes. La medida es clara en su objetivo de ordenar el comercio en la vía pública, pero enfrenta un escenario complejo donde las soluciones no son únicamente punitivas.
El desafío para la ciudad y sus autoridades será equilibrar la seguridad y el orden con la justicia social, evitando que la regulación se transforme en exclusión. La implementación gradual y la comunicación con la comunidad serán claves para que esta política no solo sancione, sino que también abra camino a un diálogo más amplio sobre el desarrollo urbano inclusivo.
Este episodio en Viña del Mar invita a reflexionar sobre cómo las ciudades chilenas enfrentan la informalidad, y cómo el derecho a la ciudad puede coexistir con la necesidad de orden y convivencia, sin que el costo recaiga exclusivamente en los más vulnerables.
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Fuentes: BioBioChile (Franco López y Valeria Zapata, 2025-11-23), declaraciones concejales Sandro Puebla y José Tomás Bartolucci, documentos oficiales del Concejo Municipal de Viña del Mar.