Fiscalía desmantela red de lavado del Tren de Aragua: La batalla contra el dinero que sostiene al crimen organizado
El cierre de un ciclo y la apertura de otro. Así podría resumirse el operativo que, a mediados de 2025, terminó con la detención de 52 personas ligadas al brazo financiero del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que ha extendido su influencia en Chile durante los últimos años. Este megaoperativo se desplegó en cuatro regiones del país y permitió congelar más de 250 cuentas bancarias, con un monto total movilizado que supera los 13,5 millones de dólares.
El origen y la evolución de la investigación
La investigación comenzó tras la captura y condena de varios de los líderes y operadores directos de la banda, responsables de delitos violentos como homicidios y sicariatos. Sin embargo, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) entendieron que desarticular el crimen organizado requería también atacar su sustento económico. “Estamos sacando de circulación a las personas que facilitaban el poder gozar y utilizar de las ganancias de la organización”, explicó Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional.
En agosto de 2024 se conformó una fuerza de tarea interregional que combinó el trabajo de la Fiscalía, la PDI, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial (Infipat). Esta alianza permitió trazar la ruta del dinero ilícito a través de un programa informático desarrollado especialmente para la ocasión, denominado “Lucas”.
Mecanismos para lavar millones
El análisis reveló un patrón en tres etapas. Primero, la banda utilizaba a personas sin antecedentes y con residencia legal en Chile como testaferros, quienes abrían múltiples cuentas bancarias para dispersar el dinero. Luego, se creaban empresas fantasma para justificar movimientos y aumentar patrimonios, facilitando así la apertura de nuevas cuentas. Finalmente, se enviaban fondos al extranjero mediante compra de criptoactivos y depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos.
Estas maniobras permitieron a la organización movilizar al menos 13,5 millones de dólares entre 2022 y 2024, producto de actividades ilícitas que incluyen tráfico de drogas, secuestros, trata de personas y extorsiones.
Voces desde la justicia y la seguridad
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que el golpe financiero es clave para debilitar a las bandas criminales: “Los sujetos que delinquen son reemplazables, pero no lo es su dinero ni las redes que emplean para sacar el dinero del país”. Por su parte, Eduardo Cerna, director de la PDI, resaltó la sofisticación del lavado: “Hubo movimiento por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, aperturas fugaces y criptomonedas”.
Mientras tanto, Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, subrayó la relevancia del operativo pero advirtió que la lucha debe continuar: “Se da un paso histórico, pero tenemos que seguir analizando cómo las instituciones pueden colaborar para que esto no siga pasando”.
Diferentes perspectivas y tensiones
Desde el mundo político y social, las reacciones no han sido unánimes. Sectores que priorizan la seguridad ciudadana valoran el avance en la desarticulación financiera, pero alertan sobre la necesidad de fortalecer la prevención y el control migratorio, dado el origen extranjero de la banda. En contraste, organizaciones de derechos humanos llaman a evitar estigmatizaciones y a garantizar procesos judiciales justos, recordando que la lucha contra el crimen debe respetar las garantías fundamentales.
En regiones afectadas, la población experimenta una mezcla de alivio y desconfianza. Por un lado, la detención de decenas de imputados ofrece una sensación de justicia y esperanza; por otro, persiste la preocupación sobre la capacidad estatal para mantener la presión y evitar la reconfiguración de estas redes.
Constataciones y consecuencias
La operación contra el Tren de Aragua confirma que el combate al crimen organizado es multidimensional y que desmantelar sus estructuras financieras es tan crucial como capturar a sus líderes violentos. Sin embargo, la complejidad de los mecanismos usados para lavar dinero evidencia las limitaciones actuales del sistema financiero y judicial para detectar y prevenir estas prácticas en tiempo real.
Además, la colaboración interinstitucional y el uso de tecnología especializada han demostrado ser herramientas efectivas, aunque aún insuficientes para frenar por completo estas organizaciones transnacionales. La experiencia también revela tensiones entre la seguridad y los derechos, y la necesidad de un debate público informado que equilibre ambas dimensiones.
Finalmente, esta historia es una invitación a mirar con distancia y profundidad los desafíos del crimen organizado en Chile, entendiendo que su erradicación requiere no solo golpes puntuales, sino un compromiso sostenido y un enfoque integral que considere las causas sociales, económicas y políticas detrás del fenómeno.
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Fuentes consultadas: Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, declaraciones oficiales y análisis especializados.