Contralorías y municipios bajo la lupa: ¿Qué revela la auditoría a la gestión pública en 2024?: Un tablero de irregularidades y respuestas políticas

Un año marcado por la fiscalización rigurosa de la Contraloría General de la República (CGR) ha dejado al descubierto un conjunto de irregularidades que afectan a distintas entidades públicas y municipios, evidenciando un complejo entramado de deficiencias administrativas, problemas en la rendición de cuentas y tensiones políticas que aún resuenan.

Entre enero y septiembre de 2024, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) fue objeto de una auditoría que reveló una serie de irregularidades, desde viajes sin respaldo documental hasta problemas en el manejo de viáticos y falta de controles internos. El caso más emblemático fue el viaje a La Habana para un taller de “formación de potencial humano”, cuyo costo total ascendió a $11.830.000, sin que existieran criterios claros para el cobro a los municipios participantes. La Contraloría señaló la ausencia de procedimientos formales, lo que generó un riesgo operacional importante.

Además, se detectaron pagos duplicados, gastos no justificados, y la inexistencia de mecanismos para detectar conflictos de interés, junto con la falta de un tribunal disciplinario que asegure el cumplimiento de los estatutos de la ACHM. La gestión de Gustavo Alessandri, que asumió en mayo de 2025, ha intentado ordenar la casa, pero insiste en que muchas irregularidades corresponden a la administración anterior.

En paralelo, la Municipalidad de La Florida también fue fiscalizada por la CGR, que detectó irregularidades en el registro de jornadas laborales y horas extras durante el año 2024. Se constataron modificaciones indebidas en los sistemas de control por parte de funcionarios con perfil para alterar registros, pagos por horas extraordinarias con retrasos de hasta cuatro meses, y registros inconsistentes que no reflejaban la realidad laboral. La Contraloría ordenó iniciar un sumario administrativo y reforzar los controles para evitar estas prácticas.

En el ámbito educativo, la Agencia de Calidad de la Educación (ACE) enfrentó una dura crítica tras la auditoría al proceso de aplicación del Simce 2024. Se detectaron irregularidades por más de $400 millones en multas no cobradas a proveedores que incumplieron contratos, además de fallas en la acreditación de examinadores y la ausencia de acompañantes para estudiantes con necesidades especiales. Más de 34 mil estudiantes aparecieron como asistentes en el sistema SIGE, pero sin resultados en las evaluaciones, evidenciando problemas graves en el registro y seguimiento del proceso.

Desde la ACE, se comprometieron a instruir sumarios disciplinarios y a fortalecer los mecanismos de control y validación, bajo la supervisión de la Contraloría.

Estas revelaciones no han quedado sin respuesta política. Chile Vamos, a través de sus diputados, ha solicitado una sesión especial en el Congreso para exigir al Gobierno una rendición de cuentas clara y urgente sobre la gestión pública y el manejo de recursos por más de 1,5 billones de pesos afectados por estas irregularidades. La bancada busca que ministros clave y autoridades de presupuesto expliquen las medidas para corregir las deficiencias y evitar que se repitan.

Por otro lado, sectores críticos señalan que estas auditorías reflejan un problema estructural en la administración pública chilena, donde la falta de protocolos claros, controles efectivos y sanciones oportunas permiten que las irregularidades se mantengan en el tiempo, erosionando la confianza ciudadana.

En definitiva, lo que emerge es un escenario donde la transparencia y la responsabilidad administrativa están en tensión con prácticas arraigadas y una política que busca capitalizar el descontento. La Contraloría ha cumplido su rol de fiscalizador, pero el desafío ahora es traducir sus hallazgos en reformas concretas y efectivas, con una institucionalidad fortalecida y una cultura de gestión pública que priorice el interés común.

Mientras tanto, los ciudadanos observan expectantes cómo se desarrollan estos procesos, conscientes de que la calidad de la gestión pública impacta directamente en la vida cotidiana y en la confianza en las instituciones. La historia de estas auditorías es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre el equilibrio entre control, responsabilidad y gobernabilidad en Chile hoy.