Corte Suprema respalda investigación sobre desaparición de Julia Chuñil: tensión entre justicia y derechos humanos

Un caso que sigue dividiendo a Chile. Desde noviembre de 2024, la desaparición de Julia Chuñil, dirigenta mapuche de 72 años, ha puesto en jaque no solo a las autoridades, sino también a la sociedad civil. El 30 de enero de 2025, Carabineros y la Fiscalía realizaron una diligencia de entrada y registro en la vivienda de Jeannette Troncoso, hija de Chuñil, autorizada judicialmente. Esta acción fue el epicentro de un recurso de amparo presentado por la familia, que acusaba vulneraciones a derechos fundamentales y apremios ilegítimos.

El pulso entre legalidad y derechos humanos se manifestó con fuerza en la Corte Suprema, que el 23 de junio de 2025 rechazó el recurso de amparo y respaldó la actuación de la Fiscalía y Carabineros, ratificando que la diligencia estuvo dentro del marco legal y con la debida autorización judicial. Sin embargo, el tribunal no dejó de lado la advertencia: "La Fiscalía y las policías deben actuar respetando los derechos de todos los involucrados, incluyendo a los familiares de la desaparecida". Esta frase refleja la tensión entre la búsqueda de justicia y la protección de garantías constitucionales.

Desde la perspectiva de la familia y sus defensores, la investigación ha sido una fuente constante de angustia y desconfianza. La abogada Karina Riquelme expresó que, pese al rechazo formal del recurso, valora que la Corte haya instruido a los organismos a actuar con rigor y respeto: "Necesitamos seriedad y protección para las víctimas, que han sufrido vulneraciones durante esta investigación". Para ellos, la investigación debe avanzar sin sacrificar la integridad psicológica y los derechos de quienes aún esperan respuestas.

En contraste, la Fiscalía Regional de Los Ríos mantiene que las diligencias son imprescindibles para esclarecer el paradero de Chuñil, y que las acciones se han realizado conforme a la ley. Además, existe una arista abierta por apremios ilegítimos contra un carabinero, lo que muestra que el sistema está dispuesto a investigar posibles excesos dentro de sus propias filas.

Este caso no solo revela un choque institucional, sino también un profundo debate social y político. Para sectores mapuches y organizaciones de derechos humanos, la desaparición de Chuñil es un símbolo de las históricas tensiones entre el Estado chileno y los pueblos originarios, donde la justicia ha sido percibida como parcial o insuficiente. Por otro lado, autoridades y parte de la opinión pública demandan que la investigación avance con celeridad y sin interferencias, para evitar la impunidad.

En definitiva, la desaparición de Julia Chuñil expone una tragedia que trasciende lo individual y se instala en el centro de un desafío nacional: cómo equilibrar la eficacia en la búsqueda de justicia con el respeto irrestricto a los derechos humanos y garantías constitucionales. A casi un año del inicio de la investigación, el caso sigue abierto, con la familia en espera y la justicia bajo escrutinio. Esta historia, lejos de cerrarse, convoca a una reflexión profunda sobre el Estado de derecho, la memoria histórica y la dignidad de las víctimas en Chile.