
El 21 de junio de 2025, un sismo de magnitud 4.1 se registró a 42.3 kilómetros de profundidad, con epicentro a 34.55 km al noroeste de Concepción, afectando las regiones del Bío Bío y Ñuble. Aunque catalogado como de intensidad leve a moderada, este evento ha desatado un debate que va más allá del movimiento telúrico en sí, poniendo en evidencia las tensiones existentes en la gestión de riesgos y la percepción ciudadana sobre la vulnerabilidad sísmica en el centro-sur de Chile.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sismo se percibió con intensidades II a V en distintas comunas de ambas regiones. Mientras algunas ciudades como Coronel y San Pedro de la Paz experimentaron movimientos leves, otras como Quirihue y Coelemu reportaron una intensidad mayor, lo que generó inquietud en la población local.
Desde el punto de vista técnico, expertos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile señalaron que la magnitud y profundidad del evento no representan un riesgo inmediato de daños estructurales significativos, pero resaltaron la importancia de no subestimar estos episodios como parte de un patrón sísmico más amplio en la zona.
En el plano político, la respuesta oficial ha sido cautelosa. El gobierno regional enfatizó en la necesidad de mantener la calma y fortalecer los protocolos de emergencia, aunque algunos sectores de la oposición han cuestionado la eficacia y rapidez de la comunicación pública durante y después del sismo.
“Este evento nos recuerda que la preparación no puede ser solo un discurso, sino una práctica constante y transversal,” afirmó una autoridad local, mientras que representantes de organizaciones sociales y vecinales denunciaron falta de información clara y oportuna, lo que incrementó la sensación de incertidumbre en varios barrios.
Por otro lado, especialistas en riesgos naturales advirtieron que la atención mediática y política suele concentrarse en sismos de mayor magnitud, dejando de lado la importancia de estos movimientos menores que pueden ser indicadores tempranos de actividad sísmica relevante.
A casi cinco meses del evento, la discusión ha evolucionado hacia la evaluación de los sistemas de alerta y educación ciudadana en materia sísmica. Se ha constatado que, a pesar de los avances en infraestructura y protocolos, persisten brechas significativas en la preparación comunitaria y la confianza en las instituciones.
El sismo del 21 de junio, aunque leve, actúa como un espejo que refleja la complejidad de convivir con una amenaza natural constante. La pluralidad de voces —desde autoridades, expertos, hasta ciudadanos comunes— revela una disonancia cognitiva constructiva: la tensión entre la percepción de seguridad y la realidad de vulnerabilidad.
Los hechos muestran que la gestión del riesgo sísmico en el Bío Bío y Ñuble no solo depende de la magnitud de los temblores, sino de la capacidad de articular políticas públicas integrales que involucren a todos los actores sociales. En definitiva, este episodio invita a repensar cómo Chile enfrenta su realidad sísmica, con un llamado a fortalecer la cultura preventiva y a mejorar la comunicación entre el Estado y la ciudadanía para evitar tragedias mayores en el futuro.