
En el último semestre, la cárcel de Punta Peuco, tradicionalmente reservada para condenados por violaciones a los derechos humanos, se ha transformado en un escenario de confrontación legal y simbólica que revela las tensiones entre la memoria histórica, la justicia y el Estado. El Gobierno anunció el cambio de categoría del penal, pasando de un recinto exclusivo para presos de causas de lesa humanidad a un centro que alberga también a reos comunes, una medida que ha desencadenado una serie de disputas jurídicas y sociales.
En junio de 2025, Gendarmería de Chile ordenó el retiro de la mayoría de los refrigeradores personales dentro del penal, artefactos que los internos usaban para conservar insumos médicos y alimentos especiales, necesarios dada la avanzada edad y condiciones de salud de muchos de ellos. Esta medida fue justificada oficialmente por razones de eficiencia energética y la necesidad de liberar espacio para nuevos internos comunes, pero fue percibida por los reclusos y sus defensores como una vulneración de derechos fundamentales.
La abogada penalista Carla Fernández Montero, representante de 134 internos, calificó la medida como un “trato cruel e inhumano” y un atentado a la dignidad de personas con enfermedades crónicas y condiciones terminales. El recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago también apeló a normativas internacionales como las Reglas de Nelson Mandela de la ONU, que exigen condiciones dignas para personas privadas de libertad.
En noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso presentado por los internos para revertir el cambio de categoría del penal. La resolución argumentó que no podía pronunciarse sobre decisiones del Ejecutivo dentro de sus atribuciones legales, cerrando una vía judicial para los reos.
Sin embargo, la defensa anunció que llevará el caso a la Corte Suprema, confiando en un fallo que pueda revisar el fondo del asunto. Según expertos jurídicos, como el exfiscal Andrés Cruz, la Suprema podría ordenar a la Corte de Apelaciones analizar el fondo del recurso, abriendo una nueva etapa en este litigio.
El conflicto no es solo jurídico, sino profundamente político y social. Desde sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos, la transformación del penal es vista como un avance hacia la normalización y desprivilegiación de un recinto que, para algunos, simbolizaba una impunidad encubierta.
Desde el oficialismo, se argumenta que la medida busca igualdad ante la ley y optimización de recursos penitenciarios, en línea con una política de modernización del sistema carcelario.
En contraste, voces conservadoras y familiares de los internos denuncian una pérdida de identidad y respeto hacia quienes cumplen condenas por delitos graves, y temen que la convivencia con presos comunes pueda generar conflictos y riesgos para los reos actuales.
Este episodio pone en evidencia la complejidad de administrar justicia en un país que aún lidia con las heridas de su pasado reciente. La transformación de Punta Peuco no solo implica cambios estructurales, sino también simbólicos, que cuestionan cómo Chile enfrenta la memoria y la reparación.
Las disputas legales y sociales que se han desatado muestran que el cambio no es un mero ajuste penitenciario, sino una confrontación entre narrativas históricas, derechos humanos y políticas públicas.
Para los internos, la pérdida de privilegios como el uso de refrigeradores personales es una manifestación tangible de un proceso que sienten como despojo. Para el Estado, es una oportunidad para avanzar hacia la igualdad y eficiencia.
Queda pendiente, más allá de las decisiones judiciales, un diálogo nacional más profundo sobre cómo equilibrar memoria, justicia y dignidad en un Chile que busca reconciliarse con su historia sin repetir sus errores.