
El pulso de Chile con la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un escenario donde convergen la urgencia tecnológica y la indecisión política. A más de un año desde la presentación del proyecto de ley que busca normar esta tecnología, el país se encuentra en una encrucijada que trasciende la mera regulación: se trata de definir qué lugar quiere ocupar Chile en la economía y sociedad del siglo XXI.
En junio de 2025, el proyecto de ley sobre IA avanzó lentamente, aprobándose solo en la Comisión de Ciencias y con un enfoque centrado en clasificar riesgos y prohibir sistemas de "riesgo inaceptable". Este marco normativo, aunque necesario para dar certezas, ha sido criticado por expertos, como Daniel Merege, director de IA & Data en Deloitte, por su visión limitada y falta de una estrategia transformadora que integre la IA como motor de desarrollo productivo e innovación social.
Al otro lado de la frontera, Brasil ha exhibido un ritmo diametralmente opuesto. El estado de Goiás aprobó una ley de IA por unanimidad en un solo día, fruto de un diálogo sostenido entre legisladores, universidades y expertos internacionales. Esta legislación no solo regula, sino que impulsa el desarrollo económico mediante incentivos y construcción de infraestructura tecnológica. A nivel federal, el Senado brasileño ha establecido principios claros: transparencia, equidad algorítmica e innovación como prioridades nacionales.
Este contraste ha abierto un debate vigoroso en Chile, donde sectores políticos y sociales se encuentran divididos. Algunos advierten que la demora y la falta de una política pública robusta podrían relegar a Chile a un rol secundario en la región, mientras que otros llaman a la cautela, enfatizando la necesidad de proteger derechos y evitar riesgos derivados de una regulación apresurada.
“La IA no es solo un desafío tecnológico; es una oportunidad para construir un proyecto país integrador que convoque al Estado, sector privado, universidades y ciudadanía”, sostiene Merege, enfatizando la urgencia de un liderazgo estratégico.
Por otro lado, representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos digitales advierten que una legislación acelerada podría omitir salvaguardas esenciales, aumentando riesgos para la privacidad y la justicia algorítmica.
En el plano político, mientras algunos partidos impulsan una agenda ambiciosa para transformar la IA en un eje de desarrollo nacional, otros prefieren un enfoque regulatorio más conservador, priorizando la mitigación de riesgos sobre la innovación.
La lenta respuesta chilena frente a la rápida consolidación de marcos regulatorios y estratégicos en países vecinos revela una tensión entre la urgencia tecnológica y la prudencia política. Esta tensión no es menor: de ella dependerá la capacidad del país para posicionarse como un actor relevante en la economía digital regional y global.
Además, la falta de un consenso claro y una hoja de ruta definida puede afectar la inversión en startups, la formación de talento especializado y la soberanía digital, aspectos fundamentales para la competitividad futura.
En conclusión, Chile enfrenta una encrucijada que va más allá de la legislación: es una batalla por la visión de país que quiere ser en la era de la inteligencia artificial. La demora y la falta de definición estratégica constituyen un riesgo tangible, mientras que la oportunidad de liderar con sentido, inclusión y sostenibilidad aún está abierta, pero requiere decisión y velocidad.
Este escenario invita a una reflexión profunda sobre cómo equilibrar innovación y regulación, ambición y precaución, para no quedar relegados en un mundo que ya no espera.