Protestas masivas en México: ciudadanos exigen justicia y seguridad: La fractura entre un gobierno en defensa y una sociedad que clama acción
México enfrenta una tormenta social que ha ido madurando desde comienzos de noviembre, cuando el asesinato a tiros del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, detonó una ola de protestas que, a más de una semana, no han cedido en intensidad ni en demanda. El 1 de noviembre, Manzo fue abatido durante una celebración del Día de los Muertos, un hecho que sacudió a la ciudadanía.
El alcalde era conocido por su postura frontal contra los cárteles de la droga y la violencia que estos generan en su municipio. Su pedido de mano dura y acciones contundentes contra los grupos criminales lo había puesto en la mira de sectores oscuros, y su muerte fue interpretada por muchos como un mensaje de terror y control.
Desde entonces, miles de personas han salido a las calles de Ciudad de México y otras ciudades en manifestaciones convocadas principalmente por grupos juveniles de la llamada "Generación Z". Las protestas son una mezcla de dolor, rabia y exigencia de justicia, con consignas como "Todos somos Carlos Manzo" y homenajes simbólicos que incluyen sombreros vaqueros, en recuerdo del alcalde.
Sin embargo, la respuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido ambivalente y ha profundizado la fractura social. Por un lado, ha condenado la violencia y ha mostrado avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo, un problema de alcance regional. Por otro, ha acusado a la oposición política, particularmente a sectores de derecha, de financiar y promover las manifestaciones para desestabilizar su administración.
El sábado previo a la última gran marcha, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que retiraron partes del vallado de protección del Palacio Nacional, residencia oficial de Sheinbaum. Este episodio marcó un punto de tensión que evidenció la distancia entre el gobierno y una parte significativa de la sociedad.
Desde la perspectiva oficial, estas protestas no solo son un reclamo legítimo de seguridad, sino también un terreno de disputa política con intereses ocultos. Sheinbaum afirmó que "la gente debe saber cómo se organizó esta protesta para que nadie sea utilizado" y denunció la presencia de bots en internet promoviendo la movilización.
Por su parte, los manifestantes y diversos sectores sociales insisten en que la violencia que azota al país requiere respuestas claras y urgentes, no solo discursos ni acusaciones cruzadas. La desconfianza hacia las instituciones se ha profundizado, mientras que la inseguridad sigue siendo una sombra que no da tregua.
Este conflicto no es nuevo, pero ha cobrado una dimensión más visible y urgente con la muerte de Manzo y la reacción ciudadana. La fractura entre un gobierno que busca mantener el control y una sociedad que exige justicia y seguridad se ha hecho patente en las calles y en el debate público.
En conclusión, la protesta masiva en México refleja una crisis compleja donde convergen violencia, política y demandas sociales. El asesinato del alcalde Carlos Manzo es una tragedia que simboliza la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia. La respuesta gubernamental, marcada por la desconfianza hacia los manifestantes y la acusación de manipulación política, no ha logrado apaciguar las tensiones, sino que las ha profundizado.
El futuro inmediato dependerá de la capacidad del gobierno para escuchar con seriedad las demandas ciudadanas y construir una estrategia eficaz y legítima para enfrentar la violencia, así como de la sociedad para mantener la presión sin caer en la violencia o la manipulación. La historia de estas protestas es, en definitiva, un espejo de las profundas heridas que atraviesan a México hoy.