
Un pulso entre urgencias y simbolismos se vivió en la Cámara Alta durante la última jornada de votación del Presupuesto 2026. El Senado aprobó la reposición de recursos para ministerios estratégicos como Interior, Relaciones Exteriores, Economía y la Contraloría General de la República (CGR), incrementando esta última en más de 1.500 millones de pesos y sumando personal clave para fortalecer su labor fiscalizadora. Esta decisión fue celebrada por la contralora Dorothy Pérez, quien públicamente había solicitado estos recursos para modernizar y asegurar la integridad de los sistemas informáticos del organismo.
Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de controversias. El debate más áspero se centró en la partida destinada a Cultura y, en particular, en la votación separada que rechazó el financiamiento para varios sitios de memoria emblemáticos como la Fundación Salvador Allende, la Corporación Expresos Políticos de Pisagua, la Casa Memoria José Domingo Cañas y la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional. También fue rechazado el Pase Cultural, un programa que había sufrido ya una reducción significativa en su presupuesto inicial.
Desde la oposición, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) denunció un retroceso en la política de memoria histórica, señalando que "Lo que hay detrás es que a un sector de la derecha chilena no le es importante el tema (...) El argumento presupuestario es pueril, dado que los recursos rechazados no superan los 2 millones de dólares, mientras que otros gastos en salud superan ampliamente esa cifra". Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC) calificó la situación como una "falta de respeto" a la importancia de mantener viva la memoria y las heridas históricas.
En contraste, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya defendió la racionalización del gasto en un contexto de estrechez fiscal, argumentando que "Chile enfrenta urgencias que no admiten postergación, como la salud y la vivienda", y que estas prioridades justifican la reasignación de recursos.
Este choque no solo cruzó líneas políticas tradicionales, sino que también fracturó a la oposición. Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, lamentó la votación que afectó a su propio sector, afirmando que "teníamos un acuerdo, pero no lo estamos cumpliendo", evidenciando la complejidad de consensuar en temas simbólicos y presupuestarios.
Además, se aprobó un compromiso del Ministerio de Hacienda para postergar por un año el reavalúo fiscal de propiedades no agrícolas, una medida que busca aliviar la carga fiscal inmediata sobre contribuyentes y que será incluida en el reajuste del sector público.
En resumen, la discusión presupuestaria en el Senado reflejó un escenario político fragmentado y con tensiones profundas entre prioridades materiales y simbólicas. Mientras se fortalecen áreas vinculadas a la seguridad y la fiscalización, los recortes en memoria histórica y cultura han abierto una herida que no solo es presupuestaria, sino también ética y política.
Este episodio confirma que en Chile, la memoria y el reconocimiento histórico siguen siendo terreno de batalla, donde las decisiones presupuestarias no solo asignan recursos, sino que también definen narrativas y valores colectivos. La polarización exhibida durante la votación revela una sociedad aún en disputa sobre cómo enfrentar su pasado y qué lugar darle en sus políticas públicas.
El proceso continúa en la Cámara de Diputados, donde estas tensiones seguramente seguirán siendo protagonistas, mientras el país se acerca a la aprobación final de un presupuesto que es, en definitiva, un reflejo de sus prioridades y contradicciones actuales.