
Una ola de frío que no solo congeló los campos, sino que también puso al descubierto las tensiones sociales y ambientales que atraviesan el centro-sur de Chile. El pasado 22 de junio de 2025, tras el paso de un sistema frontal que dejó precipitaciones desde Aysén hasta la zona sur de Coquimbo, se desató un episodio de heladas que afectó principalmente a las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Las temperaturas matinales descendieron hasta -4ºC en sectores de la cordillera de la costa y el valle, según reportó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). En ciudades como Rancagua y Talca, las mínimas alcanzaron -3ºC y -2ºC respectivamente, mientras que en Concepción se mantuvieron en torno a 2ºC.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una alerta temprana preventiva para estas regiones, advirtiendo sobre los riesgos asociados a las bajas temperaturas y la formación de escarcha. “Es fundamental que la población utilice sistemas de calefacción con precaución y ventile adecuadamente los espacios para evitar intoxicaciones”, enfatizó la institución en sus comunicados oficiales.
Pero más allá de las recomendaciones técnicas, el episodio de heladas puso en evidencia una realidad más compleja: la vulnerabilidad social y ambiental que persiste en el centro-sur chileno.
Perspectivas encontradas emergieron desde distintos actores. Desde el Gobierno, se resaltó la coordinación interregional y la anticipación en la alerta como un avance en la gestión climática. Sin embargo, organizaciones sociales y comunidades rurales manifestaron su preocupación por la insuficiencia de apoyos directos para agricultores y familias campesinas, quienes enfrentan pérdidas en cultivos y daños en infraestructura básica.
Desde una mirada política, sectores de oposición cuestionaron la falta de políticas públicas robustas para enfrentar el impacto del cambio climático en zonas rurales, señalando que episodios como estas heladas son una muestra clara de la falta de planificación estratégica y recursos destinados a la adaptación. Por otro lado, voces desde la derecha política defendieron la respuesta estatal como adecuada dado el contexto y destacaron la importancia de la responsabilidad individual en la preparación para estos eventos.
En términos regionales, la diversidad geográfica y socioeconómica del centro-sur se reflejó en la disparidad del impacto. Mientras en áreas urbanas como Rancagua o Concepción las consecuencias fueron principalmente molestias y alertas sanitarias, en las zonas rurales las heladas significaron un golpe directo a la economía local y a la seguridad alimentaria. “Cada año enfrentamos estas condiciones, pero la falta de apoyo nos hace más vulnerables”, relató un agricultor de la precordillera del Maule.
Este episodio también reactivó el debate sobre el cambio climático y sus efectos en Chile. Investigadores y expertos en medio ambiente advirtieron que, si bien las heladas pueden parecer un fenómeno local y aislado, forman parte de patrones climáticos cada vez más erráticos y extremos, consecuencia directa del calentamiento global.
¿Qué se puede concluir tras este episodio? Primero, que el cambio climático no es un fenómeno distante ni abstracto, sino que golpea directamente a las comunidades, especialmente a las más vulnerables. Segundo, que la respuesta estatal debe ir más allá de alertas y recomendaciones: requiere inversión en infraestructura, apoyo económico y programas de adaptación específicos para zonas rurales. Y tercero, que la diversidad de perspectivas políticas y sociales en torno al manejo de estos eventos refleja una tensión profunda sobre cómo Chile enfrenta su futuro ambiental y social.
Este frío de junio no solo dejó escarcha en los campos, sino también un espejo para mirar las desigualdades y desafíos que el país deberá enfrentar con mayor urgencia y justicia ambiental.