
El pasado lunes 17 de noviembre, un hombre de 58 años perdió la vida en la comuna de Petorca, Región de Valparaíso, tras precipitarse por una quebrada de aproximadamente 15 metros mientras realizaba labores con maquinaria pesada en una faena minera informal. El accidente ocurrió cuando el operario trasladaba un generador eléctrico mediante un minicargador en el acceso a la mina Las Cabras, sector Chacalo Alto, Chincolco.
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) asumió la investigación por instrucción del Ministerio Público, buscando esclarecer si hubo intervención de terceros o negligencias que contribuyeran a la tragedia. Paralelamente, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó que la faena no contaba con ningún acto administrativo ni autorización formal para operar, lo que pone en el centro del debate la precariedad y falta de regulación efectiva en este tipo de explotaciones.
"La víctima se encontraba realizando labores en condiciones que aún se investigan, pero la ausencia de permisos oficiales es un hecho que no podemos soslayar", señaló Christian Orellana, director regional del Sernageomin, durante una visita al lugar del accidente.
Este episodio ha desatado un intenso debate entre diversos actores:
- Desde el mundo sindical y organizaciones de trabajadores, se denuncia que la informalidad y la falta de fiscalización estatal exponen a los mineros a riesgos extremos. "Este accidente refleja la vulnerabilidad de quienes trabajan en faenas sin garantías ni condiciones mínimas de seguridad", afirmó un dirigente sindical local.
- Empresarios del rubro minero formal, en tanto, advierten que la proliferación de faenas ilegales no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino que también afecta la competitividad y la reputación del sector. Algunos reclaman mayor presencia y recursos para la fiscalización.
- Autoridades regionales y nacionales enfrentan la presión de fortalecer los mecanismos de control, pero también reconocen las dificultades para supervisar zonas remotas y el fenómeno creciente de la minería informal, que muchas veces surge como alternativa económica en contextos de precariedad rural.
Este accidente no es un hecho aislado. En los últimos cinco años, la Región de Valparaíso ha registrado un aumento constante de denuncias por faenas mineras sin permiso, con incidentes que han ido desde multas hasta tragedias humanas. La combinación de débil regulación, falta de fiscalización efectiva y condiciones socioeconómicas complejas crea un escenario propicio para que se repitan estas tragedias.
La autopsia realizada por el Servicio Médico Legal confirmó que la causa de muerte fue el trauma por caída, sin indicios de violencia externa. Sin embargo, la investigación continúa abierta para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
La tragedia en Petorca pone en evidencia una tensión profunda entre la necesidad de empleo y desarrollo local, y la obligación del Estado y las empresas de garantizar condiciones seguras y legales para quienes trabajan en la minería. La ausencia de permisos oficiales no solo es una infracción administrativa, sino un símbolo de un sistema que aún no logra equilibrar protección y crecimiento.
En definitiva, lo ocurrido invita a una reflexión crítica: mientras se siga permitiendo la existencia de faenas sin regulación, el riesgo de nuevos accidentes fatales permanecerá latente. La pregunta que queda en el aire es si las respuestas institucionales serán capaces de evitar que esta tragedia se repita, o si estamos ante un ciclo de desprotección que seguirá cobrando vidas.