La reforma de Boric sobre el despliegue militar en la frontera: divisiones profundas y un dilema constitucional
Una reforma que divide y desafía el equilibrio institucional
El 9 de octubre de 2025, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma constitucional para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la frontera norte mediante decreto supremo, eliminando la necesidad de renovar cada tres meses la autorización parlamentaria. Esta medida, impulsada en el contexto de la crisis migratoria y la necesidad de proteger infraestructura crítica, ha generado un choque frontal dentro de la coalición oficialista y un rechazo contundente desde la oposición.
El marco legal vigente, modificado en 2023, exige que tras el primer decreto de despliegue sin aprobación, las prórrogas deban contar con el visto bueno del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo busca separar el resguardo fronterizo, que consideran una política de largo plazo, de la protección de infraestructura crítica, que es circunstancial, para flexibilizar el uso militar sin control legislativo periódico.
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Perspectivas encontradas dentro del oficialismo
En el Frente Amplio, las reacciones oscilan entre el respaldo pragmático y la inquietud por la erosión del control democrático. El diputado Jorge Brito defiende la propuesta como una mejora en la eficiencia del control fronterizo: “Este despliegue tiene que continuar y el instrumento que el Presidente ha anunciado va en la línea correcta para no hacer perder el tiempo al Congreso cada tres meses.” Sin embargo, voces como las diputadas Constanza Martínez y Lorena Fries expresan su preferencia por mantener el debate en el Parlamento, advirtiendo que la excepción no debe convertirse en regla permanente.
El Partido Comunista, históricamente reticente al uso de FF.AA. en seguridad interna, se muestra cauteloso y dividido. Legisladores como Daniela Serrano y Luis Cuello llaman a un debate amplio y a preservar el contrapeso parlamentario, ante el riesgo de que esta herramienta quede en manos de futuros gobiernos con agendas distintas.
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La oposición alza la voz: contradicciones y falta de recursos
Desde la derecha, el anuncio ha sido recibido con escepticismo y críticas duras. La diputada Camila Flores (RN) acusa al gobierno de incoherencia: “Si realmente había un compromiso con la frontera, debió actuar desde el primer día.” El senador Javier Macaya (UDI) y el diputado Luis Sánchez (Republicano) denuncian que la estrategia es un discurso vacío, pues al mismo tiempo se recortan presupuestos para las FF.AA., lo que dificulta el despliegue efectivo.
Francisco Undurraga (Evópoli) califica de inaudito que se pretenda legislar un despliegue sin haber asegurado el financiamiento necesario, evidenciando una contradicción entre palabra y acción.
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Tecnología y control: un contexto de alta vigilancia fronteriza
El anuncio presidencial se realizó en Colchane, durante la inauguración de nuevas etapas del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), que incorpora tecnología avanzada como drones y puestos de observación para fortalecer la vigilancia. Boric enfatizó la inversión de más de 13 millones de dólares y la prioridad que ha significado para su gobierno el control fronterizo.
El proyecto contempla que las FF.AA. puedan realizar controles de identidad, registros y detenciones en flagrancia sin necesidad de renovar la autorización cada tres meses, lo que, según el Ejecutivo, agilizará la respuesta ante la crisis migratoria.
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Conclusiones y desafíos a futuro
La reforma propuesta por Boric revela una tensión profunda entre la necesidad de seguridad en la frontera y el respeto al control democrático del Parlamento. La fractura interna en la coalición oficialista y la crítica enérgica de la oposición reflejan un debate que va más allá de la seguridad: cuestiona la relación entre Ejecutivo y Legislativo, y la manera en que se ejerce el poder en situaciones de emergencia.
Además, la disonancia entre la retórica gubernamental y la asignación presupuestaria pone en duda la capacidad real para sostener el despliegue militar, lo que podría generar frustración social y política.
Finalmente, la experiencia acumulada desde la reforma de 2023 y las tensiones actuales sugieren que el país enfrenta un dilema estructural: cómo equilibrar la eficacia en la protección territorial con garantías institucionales y respeto irrestricto a los derechos humanos, sin caer en la militarización permanente ni en la erosión de la democracia.
Este episodio será, sin duda, un punto de inflexión para la política chilena y un caso de estudio para el equilibrio entre seguridad y democracia en contextos complejos.