
Un país que se debate entre el miedo y la búsqueda de soluciones. Desde 2019, Chile ha experimentado un notable aumento en la violencia cotidiana, manifestada en delitos violentos, agresiones en espacios públicos y un clima generalizado de inseguridad. Esta escalada, lejos de ser un fenómeno reciente, ha sido analizada con profundidad en el libro "Violencia en Chile. La fragilidad del orden social", publicado en junio de este año por el Centro de Estudios Públicos (CEP), y se ha reflejado en hechos dramáticos, como el ataque con bomba molotov a un profesor del Instituto Nacional ocurrido en octubre pasado.
Tres épocas para entender la violencia chilena. El CEP divide el fenómeno en tres períodos: el crecimiento de hechos criminales durante la década pasada, marcado por atentados en el Metro y conflictos en La Araucanía; el estallido social de 2019, que mantuvo viva la justificación de la protesta incluso en 2025; y la era postpandémica, caracterizada por un aumento cotidiano de robos, asaltos y la consolidación de redes de crimen organizado.
"La función estatal de resguardo del orden público se ha debilitado sensiblemente, y con ello la fragilidad del orden social es palpable", señala Leonidas Montes, director del CEP, en el prólogo del libro. Este debilitamiento institucional se traduce en una percepción ciudadana de desprotección y miedo permanente.
El Instituto Nacional como símbolo y escenario. El ataque sufrido por el profesor C.L., quien fue víctima de una bomba molotov lanzada por un encapuchado mientras intentaba apagar un incendio en el patio del emblemático liceo, es una muestra palpable de la violencia escolar que se extiende más allá de las aulas. Este episodio, registrado y viralizado en redes sociales, no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de agresiones contra docentes y comunidades educativas.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, condenó el ataque y afirmó que "son simplemente acciones de violencia por la violencia". Por su parte, Rosa María Montecinos, secretaria general del gremio en la Región Metropolitana, enfatizó que estas agresiones se están normalizando y urgió por políticas públicas que aborden la violencia desde sus múltiples causas.
Diversas voces, múltiples enfoques. Desde el espectro político, las respuestas oscilan entre llamados a reforzar el orden y la seguridad con mano dura y propuestas que enfatizan la necesidad de abordar las causas sociales y comunitarias de la violencia. Para algunos sectores, el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, especialmente en zonas urbanas y portuarias, exige una respuesta estatal contundente y coordinada. Otros advierten que la solución no está en la represión, sino en reconstruir el tejido social y fortalecer las instituciones democráticas.
El libro del CEP aporta datos que muestran un fenómeno complejo: en 2023, un 44% de estudiantes reportó haber sufrido algún tipo de victimización recurrente, mientras que la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema grave con bajos niveles de denuncia. En el plano económico, se calcula que la delincuencia le cuesta al país al menos un 2,1% del PIB, unos 7.000 millones de dólares anuales, recursos que podrían destinarse a desarrollo y bienestar.
El fenómeno migratorio también ha agregado capas a esta complejidad: si bien los extranjeros están subrepresentados en la criminalidad general, en delitos violentos como homicidios y robos su participación ha aumentado, un dato que ha generado debates y preocupaciones en distintos sectores sociales.
Verdades que emergen y consecuencias inevitables. La violencia en Chile no es un problema de un solo actor ni de una sola causa. Es la expresión de un entramado social frágil, donde la debilidad institucional, la desigualdad, la desconfianza y las heridas abiertas del pasado se conjugan para alimentar un clima de miedo y desasosiego. La respuesta estatal ha sido percibida como insuficiente e inconsistente, lo que a su vez alimenta la sensación de impunidad y abandono.
La tragedia del profesor atacado y la creciente inseguridad en las calles y barrios muestran que el país está en un punto crítico. La polarización entre quienes exigen mano dura y quienes abogan por políticas integrales refleja una sociedad que aún no encuentra un camino común.
Lo que parece claro es que ninguna solución simplista servirá. El desafío es reconstruir un orden social que permita a las personas vivir sin temor, con acceso a justicia efectiva, protección y oportunidades. Mientras tanto, Chile observa con atención y cierta inquietud cómo se desarrolla esta batalla cotidiana donde la violencia es protagonista y la sociedad, espectadora y víctima.
Fuentes: Centro de Estudios Públicos (CEP), La Tercera, Cooperativa, Colegio de Profesores de Chile.