A más de dos años de que el Ejecutivo ingresara un proyecto para regular las apuestas en línea, el escenario en Chile es paradójico. La publicidad de las 'bets' es omnipresente: auspician a los principales clubes de fútbol, sus logos visten las camisetas de ídolos nacionales y sus anuncios saturan los medios. Sin embargo, esta industria multimillonaria opera, en estricto rigor, al margen de la ley chilena. La decisión de la Fiscalía en abril de 2025 de archivar una investigación en su contra, sin declararlas ilegales, no hizo más que consolidar este status quo: un mercado funcional y en plena expansión que existe en una zona gris, tolerado pero no regulado. La pregunta ya no es si estas plataformas operarán, sino cómo y bajo qué condiciones el Estado chileno finalmente abordará un fenómeno que ya se instaló en la cotidianidad.
El crecimiento exponencial de las apuestas en línea fue catalizado por la pandemia, que aceleró la digitalización del entretenimiento. Lo que siguió fue una agresiva estrategia de marketing y posicionamiento. Según un estudio de la consultora Yield Sec, en Chile operan más de 3.800 sitios de apuestas que en conjunto movieron más de 3.100 millones de dólares en 2024, una cifra comparable al mercado total de la carne en el país.
El modelo de negocio es tan simple como opaco. La mayoría de las empresas, como Betano, Coolbet o Jugabet, están domiciliadas en paraísos fiscales como Malta o Curazao. Esto les permite operar globalmente con licencias internacionales y una carga tributaria mínima, sin tener oficinas, empleados ni representación legal directa en Chile. Sus dueños son, en su mayoría, empresarios extranjeros —griegos, ucranianos, japoneses, suecos—, mientras que los rostros visibles en Chile son figuras como Arturo Vidal, Iván Zamorano o Marcelo Salas, creando una disonancia entre la imagen de cercanía y la realidad de un negocio deslocalizado.
Las consecuencias de esta expansión desregulada son cada vez más evidentes. Por un lado, la normalización del juego ha levantado alertas sobre el aumento de la ludopatía, un problema de salud pública que, según experiencias internacionales como la argentina, podría afectar a cerca del 3% de los usuarios activos. Por otro, han surgido conflictos de interés éticamente complejos, como el hecho de que la casa de apuestas de la que Arturo Vidal es embajador permita apostar sobre si el propio jugador recibirá una tarjeta en un partido, poniendo en tela de juicio la integridad de la competencia deportiva.
El debate sobre la regulación de las apuestas en línea se sostiene sobre tres pilares con visiones contrapuestas:
Históricamente, los juegos de azar en Chile han sido un monopolio estatal o una actividad fuertemente regulada y localizada (casinos físicos). El fenómeno de las apuestas en línea representa una disrupción total de este modelo. Es un caso de libro de cómo la tecnología y los mercados globales avanzan a una velocidad que las legislaciones nacionales no pueden seguir. La lentitud en la tramitación del proyecto de ley evidencia la dificultad del sistema político para adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales que no encajan en los marcos regulatorios preexistentes.
A la fecha, el proyecto de ley que busca regular la industria (Boletín 14838-03) fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2022, pero permanece estancado en la Comisión de Hacienda del Senado. Mientras tanto, el mercado sigue creciendo en este limbo jurídico. La tensión entre la oportunidad económica y los riesgos sociales sigue sin resolverse, dejando a los jugadores sin protección, al Estado sin ingresos fiscales y a la industria en una ambigüedad que, paradójicamente, le ha permitido florecer sin contrapesos.