
Un giro dramático en la saga judicial de Camila Polizzi ha reconfigurado el tablero del llamado "caso lencería", dejando a la excandidata a alcaldesa de Concepción nuevamente bajo arresto domiciliario total.El 13 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó la decisión que le había concedido arresto domiciliario nocturno, ordenando que Polizzi retome la medida más restrictiva. Esta resolución, adoptada en fallo dividido, responde a la apelación presentada por la Fiscalía del Biobío y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes argumentaron que la gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal justificaban la cautelar original.
Desde noviembre de 2023, Polizzi ha estado vinculada a una investigación por una presunta defraudación al Gobierno Regional del Biobío por cerca de $250 millones. La arista denominada "lencería" del caso convenios involucra una red de imputados acusados de estafa, lavado de activos y fraude al fisco. La Fiscalía solicitó penas de hasta ocho años para Polizzi y su expareja Sebastián Polanco, y hasta 15 años para exfuncionarios públicos involucrados.
Durante casi dos años, Polizzi cumplió arresto domiciliario total, lo que restringió severamente su movilidad y actividad laboral. En noviembre de 2025, un tribunal de garantía había rebajado esta medida a arresto domiciliario nocturno, permitiéndole mayor libertad para trabajar, especialmente en la plataforma erótica Arsmate, donde ha generado ingresos para sostener a sus dos hijas.
Mauricio Lártiga, abogado asesor de la Fiscalía, sostuvo que "la naturaleza y gravedad de los ilícitos no han cambiado, y por ello no era procedente rebajar la medida cautelar". Por su parte, la defensa de Polizzi había argumentado que su irreprochable conducta y su oferta laboral justificaban la flexibilización de las restricciones.
Desde el ámbito social, el caso ha polarizado opiniones. Algunos sectores ven la persecución judicial como un ejemplo del combate contra la corrupción, mientras otros plantean cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las medidas y el derecho a la reinserción laboral bajo cautelares estrictas.
En la Región del Biobío, la trama ha impactado la confianza en las instituciones públicas, evidenciando la persistencia de prácticas irregulares y la complejidad de desentrañar redes de corrupción que involucran tanto a actores privados como a funcionarios estatales.
La decisión de la Corte de Apelaciones ratifica la necesidad de cautela en casos de alta complejidad y riesgo procesal. Más allá de la situación personal de Polizzi, el proceso judicial se ha convertido en un espejo de los desafíos que enfrenta Chile en materia de transparencia, justicia y garantías procesales.
El caso seguirá su curso con la preparación del juicio oral, pospuesta para enero de 2026, donde se espera que se presenten pruebas definitivas y se esclarezca la responsabilidad de los imputados.
Mientras tanto, la historia de Camila Polizzi sigue siendo un relato de tensiones entre la justicia, la política y la sociedad, con un desenlace aún incierto que mantiene a Chile en vilo.
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Fuentes: La Tercera, Cooperativa, Cambio21, informes judiciales y declaraciones oficiales de Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado.