Incautación masiva de productos Apple falsificados en Chile: un desafío entre legalidad, economía informal y globalización

La batalla contra la falsificación de productos tecnológicos en Chile ha dejado evidencias contundentes tras dos operativos policiales que, en conjunto, lograron la incautación de más de 5.300 artículos falsificados de la marca Apple.

El 6 de agosto de 2025, Carabineros de Antofagasta detuvo a 15 personas y confiscó alrededor de 2.300 productos falsificados en el centro comercial Caracol Centenario, valorados en cerca de 130 millones de pesos. Días antes, el 20 de junio, en Santiago, la policía desbarató una red con más de 3.000 productos falsificados, con un avalúo superior a los 115 millones de pesos, arrestando a un sujeto con situación migratoria irregular.

Estos hechos, aunque separados en el tiempo y espacio, configuran una trama compleja donde convergen intereses económicos, legales y sociales. Por un lado, la marca Apple ha denunciado y colaborado con las autoridades para proteger su propiedad industrial, buscando frenar un comercio ilegal que afecta su imagen y sus ingresos. Por otro, la informalidad y la precariedad laboral, sumadas a la vulnerabilidad migratoria, configuran un escenario donde la falsificación se inserta como una fuente de ingresos para sectores marginalizados.

El mayor Sebastián Soto, responsable del operativo en Antofagasta, señaló que "la mayoría de los detenidos son extranjeros, algunos en situación irregular, lo que añade una dimensión migratoria a este fenómeno". En Santiago, el mayor Hugo Troncoso explicó que el trabajo se originó a partir de una denuncia formal y que la incautación buscaba impactar directamente en la cadena de comercialización ilegal.

El modus operandi detectado incluye productos sin códigos QR, cajas defectuosas y números IMEI repetidos, comercializados a precios significativamente inferiores al mercado oficial. Estas características no solo evidencian la falsificación, sino que también alertan sobre riesgos para los consumidores, quienes pueden adquirir productos inseguros o sin garantía.

Desde la perspectiva económica, este fenómeno erosiona la confianza en el mercado formal y afecta a los comerciantes legítimos, además de representar una competencia desleal. Sin embargo, algunos analistas plantean que la demanda de productos más accesibles es un reflejo de las desigualdades sociales y la falta de alternativas económicas para ciertos segmentos de la población.

Una académica experta en economía informal comentó: "Frente a la rigidez de los mercados y la exclusión, estas redes de falsificación se convierten en un refugio económico para migrantes y personas vulnerables, lo que obliga a repensar políticas públicas integrales".

En el plano legal, las detenciones han derivado en formalizaciones por delitos contra la Ley de Propiedad Industrial, con medidas cautelares como arraigo nacional y firma mensual. No obstante, la presencia de personas en situación irregular complica la dimensión judicial y migratoria, planteando interrogantes sobre la coordinación entre instituciones.

Finalmente, esta crisis de falsificación se inscribe en un contexto global donde marcas como Apple enfrentan desafíos para proteger su cadena de suministro y su imagen, mientras diversifican su producción en países como India y Vietnam para evitar aranceles, tal como ha sucedido en 2025 con inversiones millonarias en Estados Unidos.

Verdades y consecuencias claras emergen: la lucha contra la falsificación no es solo un asunto policial o legal, sino un fenómeno multidimensional que refleja tensiones económicas, sociales y migratorias. La protección de la propiedad intelectual debe ir acompañada de políticas que aborden la informalidad y la vulnerabilidad de quienes participan en estas redes. Ignorar estas conexiones podría perpetuar un ciclo de ilegalidad y exclusión que afecta a toda la sociedad chilena.

Este episodio invita a un debate profundo y plural sobre cómo Chile enfrenta los desafíos de la globalización, la migración y la economía informal, sin perder de vista los derechos de las marcas, los consumidores y, sobre todo, las personas que están detrás de cada producto falsificado.