Temblores en Chile: La calma aparente tras la sacudida del 20 de junio
El pasado 20 de junio de 2025, Chile vivió una jornada marcada por una sucesión de movimientos sísmicos que, aunque moderados en magnitud, despertaron preocupación en diversas regiones del país. Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, se registraron al menos cuatro sismos relevantes, con epicentros que abarcaron desde el norte profundo hasta la zona central, incluyendo un sismo de magnitud 3.5 a 30 km al suroeste de Uyuni y otro de 3.1 cerca de San Pedro de Atacama.
Este episodio volvió a poner en primer plano la fragilidad de un territorio que, por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, está expuesto a constantes vibraciones tectónicas. “Chile está acostumbrado a vivir con la amenaza constante del movimiento sísmico, pero la percepción de riesgo nunca desaparece”, señala la sismóloga María Pérez, quien añade que estos eventos, aunque no catastróficos, son recordatorios necesarios para mantener la preparación.
Desde el punto de vista institucional, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó protocolos de información y difusión, reiterando recomendaciones básicas para la ciudadanía. “La comunicación clara y oportuna es clave para evitar el pánico y fomentar una respuesta adecuada”, afirmó el director de Senapred, Luis Fuentes.
Sin embargo, la reacción social fue diversa. En regiones como Atacama y Coquimbo, donde la actividad minera es intensa, algunos sectores expresaron inquietud por la posible afectación a las faenas y la infraestructura crítica. Por otro lado, organizaciones sociales y vecinales aprovecharon la ocasión para exigir mayor inversión en sistemas de alerta temprana y en la resiliencia urbana, evidenciando una brecha persistente entre las políticas públicas y las demandas territoriales.
En el plano político, la discusión se polarizó. Mientras algunos parlamentarios de oposición criticaron la falta de anticipación y recursos para enfrentar estos eventos, representantes del gobierno defendieron la gestión actual, subrayando los avances en legislación y capacitación comunitaria desde el último gran terremoto de 2010.
Este contraste refleja una tensión histórica en Chile: la convivencia con un riesgo natural constante que desafía la capacidad del Estado para proteger a su población, y la necesidad de construir una cultura de prevención que trascienda el ciclo inmediato de la noticia.
Tras varias semanas de análisis y verificación, se concluye que estos sismos no reviste peligro mayor, pero su impacto simbólico y social es profundo. Recordaron la fragilidad de infraestructuras críticas, la desigualdad en la preparación regional y la importancia de mantener un diálogo plural y constante sobre el riesgo sísmico.
La tragedia ajena de la tierra que tiembla nos convoca a mirar con distancia y profundidad, entendiendo que el desafío chileno no es solo técnico, sino también político y social. En definitiva, la historia del 20 de junio es una invitación a repensar cómo se construye la seguridad colectiva en un país que nunca deja de moverse.