
En abril de 2025, el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Puerto Montt parecía apuntar a una muerte natural, una hipótesis que tranquilizó inicialmente a la comunidad y a las autoridades. Sin embargo, la autopsia realizada semanas después reveló que la causa real fue asfixia por sofocación, acompañada de múltiples lesiones contundentes. Este giro dramático llevó a la detención del dueño de la casa, quien hasta entonces había asegurado desconocer las circunstancias del fallecimiento.
La fiscal Pamela Salgado detalló que el imputado fue formalizado por femicidio consumado y quedó en prisión preventiva por un plazo de 120 días mientras se desarrolla la investigación. Este caso no solo conmocionó a la ciudad de Puerto Montt, sino que abrió un debate profundo sobre la eficacia y prontitud de las investigaciones en casos de violencia contra las mujeres.
Desde una perspectiva política, sectores conservadores han señalado que el caso evidencia la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y la coordinación entre policías y fiscalías. En contraste, organizaciones feministas y sociales critican la demora en reconocer el carácter violento de la muerte, señalando que esta dilación refleja un problema estructural de invisibilización y subregistro de la violencia de género en regiones.
El impacto regional es palpable. Puerto Montt, una ciudad que ha experimentado un aumento en denuncias por violencia intrafamiliar, enfrenta ahora una demanda creciente por parte de la ciudadanía para que las autoridades implementen mecanismos más efectivos de prevención y protección. A nivel local, la comunidad ha organizado foros y marchas para exigir justicia y garantías de no repetición.
Desde el ámbito judicial, expertos consultados por diversas fuentes destacan que este caso pone en evidencia la necesidad de protocolos más rigurosos y la incorporación de perspectivas interdisciplinarias en la investigación de muertes sospechosas, especialmente cuando involucran a mujeres.
"La demora en identificar la causa real de muerte puede costar vidas y perpetuar la impunidad", advierte una especialista en derecho penal, mientras que un representante de una ONG regional enfatiza que "la justicia debe ser rápida y sensible a las particularidades de la violencia de género".
Finalmente, este caso revela verdades incómodas: la violencia machista sigue siendo un problema profundo y arraigado, que no se resuelve con respuestas inmediatas ni simplistas. La investigación en curso es un reflejo de la tensión entre la necesidad de justicia pronta y la complejidad de un sistema que aún debe adaptarse para proteger a las víctimas. La comunidad de Puerto Montt, y Chile en general, enfrenta el desafío de transformar estas tragedias en cambios estructurales que eviten que más mujeres sean víctimas silenciosas.
La historia, por ahora, está lejos de cerrarse, pero deja lecciones claras sobre la importancia de una investigación exhaustiva, una mirada crítica y plural, y un compromiso social que no tolere la violencia bajo ninguna forma.