A más de dos meses de que los televisores chilenos sintonizaran por primera vez, y sin previo aviso, la señal del medio estatal ruso Russia Today (RT) a través de la frecuencia de Telecanal, la sorpresa inicial ha decantado en un complejo análisis. Lo que comenzó como un enigma para la audiencia se ha transformado en un caso de estudio sobre los límites de la regulación mediática, las estrategias de poder blando en un mundo multipolar y, fundamentalmente, sobre las opacas estructuras de propiedad que gobiernan una parte del espectro televisivo nacional. La discusión ya no es solo sobre la presencia de Moscú en las pantallas chilenas, sino sobre las vulnerabilidades y contradicciones del propio ecosistema mediático del país.
La mañana del 16 de junio de 2025, la programación habitual de Telecanal fue reemplazada por un flujo ininterrumpido de noticias, documentales y entrevistas de RT en Español. La movida, silenciosa y sin comunicados, generó reacciones inmediatas y polarizadas. Mientras figuras como el alcalde Daniel Jadue celebraban la llegada de una "visión alternativa", parlamentarios de la UDI oficiaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para exigir una investigación.
La respuesta oficial de los involucrados trazó una narrativa de normalidad comercial. El CNTV aclaró que, al no tratarse de una transferencia de la concesión sino de un acuerdo de programación, no requería su autorización previa, aunque sí podía fiscalizar el contenido a posteriori. La Embajada de Rusia en Chile emitió un comunicado defendiendo la emisión como un aporte a la "diversidad de opiniones" y al "diálogo internacional", comparando a RT con otros medios estatales como la BBC o Deutsche Welle. Días después, el propio embajador ruso, Vladimir G. Belinsky, afirmó haberse enterado de la noticia "como cualquier chileno", desvinculando a la diplomacia de la operación y declarando desconocer los detalles del financiamiento.
Esta versión de los hechos, sin embargo, generó una disonancia cognitiva: un canal financiado y controlado por el Kremlin, considerado un instrumento de propaganda en Occidente y prohibido en la Unión Europea y Canadá tras la invasión a Ucrania, aterrizaba en Chile bajo el velo de un simple acuerdo entre privados. La evolución del caso demostró que las implicancias eran mucho más profundas.
La irrupción de RT en Chile se puede analizar desde tres ángulos divergentes pero interconectados:
El caso no puede entenderse como un hecho aislado. Telecanal, un canal de bajo perfil y recurrentes problemas financieros, representa el vehículo perfecto para un acuerdo de este tipo: ingresos garantizados a cambio de ceder el control programático. Por otro lado, la red de medios de Ángel González, Albavisión, ha replicado este modelo en otros países de la región, estableciendo alianzas con cadenas como la venezolana TeleSur o facilitando la entrada de RT en otros mercados.
La decisión de Telecanal se inscribe, entonces, en una lógica de supervivencia económica que converge con una estrategia de expansión geopolítica. La fragilidad de ciertos actores del mercado mediático chileno se convierte en una puerta de entrada para actores globales con agendas propias, desafiando la capacidad del Estado para garantizar la pluralidad y la transparencia informativa.
El tema está lejos de cerrarse. El CNTV tiene el asunto en tabla, y la presión pública y mediática ha aumentado para que se esclarezca de una vez por todas la estructura de propiedad de ambos canales. El arribo de RT a Chile ha funcionado como un catalizador que ha desplazado el foco del debate: de la sorpresa por ver el logo de un canal ruso, a la pregunta fundamental sobre quiénes son realmente los dueños de la televisión abierta en Chile y si las leyes que la regulan se están cumpliendo. La respuesta a esta pregunta tendrá consecuencias mucho más duraderas que la propia señal de Moscú.