Reconocimiento constitucional a pueblos originarios: un paso histórico que reaviva viejos debates

Un anuncio esperado y controvertido

El 19 de junio de 2025, el presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de reforma constitucional que busca establecer un reconocimiento explícito y ampliado de los derechos de los pueblos originarios en Chile. Este proyecto incluye a once pueblos —mapuche, aymara, rapa nui, atacameño o lickanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawésqar, yagán y selk’nam— y se basa en compromisos históricos, como el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989.

El proyecto no solo consagra derechos individuales y colectivos, sino que introduce el principio de interculturalidad, que pretende valorar la diversidad cultural y fomentar el diálogo y respeto mutuo entre los pueblos.

La escena política: un choque de visiones

Desde la izquierda, sectores progresistas han celebrado la iniciativa como un avance necesario para reparar históricas injusticias y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Para ellos, el reconocimiento constitucional es "una deuda histórica que Chile debe saldar", y el proyecto es un paso fundamental para garantizar derechos y autonomía a los pueblos originarios.

En contraste, voces conservadoras y algunos sectores regionales han expresado preocupación por las implicancias políticas y territoriales del proyecto. Para estos actores, existe el riesgo de que el reconocimiento constitucional se traduzca en privilegios legales o fracturas en la unidad nacional. Algunos han advertido que la medida podría abrir la puerta a demandas territoriales conflictivas o a una interpretación excesivamente amplia de la autonomía indígena.

Perspectivas regionales y sociales: entre esperanza y escepticismo

En la Araucanía, epicentro histórico del conflicto mapuche, la propuesta ha generado reacciones mixtas. Comunidades mapuche han manifestado que el proyecto es un avance, pero insuficiente, pues reclaman medidas concretas que garanticen su autodeterminación y reparación integral. Por otro lado, sectores rurales no indígenas temen que el reconocimiento pueda afectar la propiedad privada y la convivencia pacífica.

En otras regiones, como el norte y la zona insular, donde habitan pueblos como los aymara y rapa nui, la iniciativa ha sido recibida con mayor optimismo, entendiendo el reconocimiento como un impulso para preservar sus culturas y tradiciones en un contexto de globalización y homogenización cultural.

Contexto histórico y político

El reconocimiento constitucional a los pueblos originarios ha sido una demanda constante desde los años ochenta, reflejada en múltiples acuerdos y propuestas legislativas que nunca lograron consolidarse plenamente. La Ley Indígena de 1993 fue un primer paso, pero quedó corta en términos de derechos colectivos y autonomía.

El proyecto actual recoge aprendizajes y demandas de décadas, buscando integrar estándares internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT.

Consecuencias y desafíos futuros

El avance legislativo abre un escenario complejo para el país, donde convergen esperanzas de reparación y reconocimiento con temores por posibles conflictos sociales y políticos. La reforma constitucional no resolverá por sí sola las tensiones históricas, pero establece un marco legal que podría fortalecer el diálogo intercultural y la convivencia.

Sin embargo, su implementación requerirá voluntad política, mecanismos claros para la participación indígena y garantías para equilibrar derechos colectivos con otros derechos ciudadanos.

Conclusión

El proyecto de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios representa un momento clave en la historia reciente de Chile. Tras su anuncio en junio de 2025, la discusión pública ha exhibido un choque frontal de perspectivas, donde se revelan las profundas divisiones sobre identidad, justicia y futuro nacional.

Lo que queda claro es que la medida no es solo un acto simbólico, sino un desafío real para la democracia chilena: cómo convivir en la diversidad, respetando la historia y derechos de sus pueblos originarios, sin fracturar la unidad del país. La catarsis está servida y el coliseo político abierto para un debate que definirá el Chile que viene.