Detectores de metales en colegios: un debate que desgarra la seguridad escolar y las libertades individuales

Un país en crisis y un aula en tensión

Entre 2019 y 2023, 31 estudiantes fueron expulsados en la región de Valparaíso por porte o uso de armas, según datos oficiales de la Superintendencia de Educación. Estos números, aunque limitados en escala, son el síntoma visible de un mal más profundo: la violencia ha penetrado en los recintos escolares, transformándolos en escenarios donde docentes, funcionarios y alumnos conviven con el miedo y la incertidumbre.

Frente a esta realidad, diputados de la UDI, encabezados por Henry Leal y Marlene Pérez, han hecho un llamado urgente para que el Congreso despache un proyecto de ley que permita la instalación de detectores de metales en colegios y centros de salud. "Nuestro país está atravesando por una de las crisis de seguridad más graves de toda su historia, y el ámbito educacional no es la excepción", sostienen, enfatizando que estos dispositivos son una herramienta para prevenir el ingreso de armas y proteger la integridad de la comunidad escolar.

El choque de perspectivas: seguridad versus derechos

Pero esta solución tecnológica no ha sido recibida con consenso. Por un lado, hay quienes valoran la iniciativa como una respuesta pragmática ante la escalada de episodios violentos, argumentando que los detectores ya son usados en espacios públicos y pueden garantizar ambientes más seguros.

Por otro lado, sectores de la comunidad educativa, expertos en derechos humanos y organizaciones estudiantiles advierten que la medida podría profundizar la estigmatización y criminalización de los jóvenes, afectando su derecho a la privacidad y a un ambiente escolar libre de hostigamientos. Casos recientes, como el del Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón en Temuco, sancionado por el uso de estos dispositivos, y la controversia judicial en el Colegio Salesianos de Valparaíso, ilustran las tensiones que emergen al intentar equilibrar protección y libertades.

"Los derechos pueden ser restringidos en ciertas circunstancias para proteger otras garantías", señaló la Corte de Apelaciones en un fallo que anuló una multa contra un establecimiento que implementó detectores, reflejando la complejidad jurídica y ética del tema.

Un debate que trasciende lo escolar

Más allá de la discusión técnica, este conflicto pone en escena la crisis de seguridad que atraviesa Chile, donde la violencia ha permeado espacios antes considerados seguros. La propuesta de los parlamentarios gremialistas no solo busca una respuesta inmediata, sino también empoderar a los colegios para que decidan si adoptan o no esta tecnología, sin sanciones por optar por la seguridad.

Sin embargo, la medida también expone la fragmentación social y política: mientras algunos sectores priorizan la protección física y la prevención del delito, otros alertan sobre los riesgos de normalizar controles que pueden afectar la convivencia y la confianza dentro de las comunidades escolares.

Conclusiones y desafíos

La evidencia muestra que la violencia con armas en colegios, aunque contenida en cifras, no es un fenómeno aislado ni menor. La propuesta de instalar detectores de metales representa un intento por contener esta realidad, pero abre un debate profundo sobre cómo equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales.

Lo cierto es que no existe una solución única ni sencilla. La experiencia acumulada en distintos establecimientos y la jurisprudencia reciente revelan que cualquier medida debe considerar el contexto social, las voces de los estudiantes y la comunidad educativa, y las implicancias legales.

En definitiva, el desafío no solo es tecnológico o legislativo, sino cultural: cómo reconstruir espacios escolares que sean seguros, inclusivos y respetuosos, en un país que aún busca cómo enfrentar sus crisis de seguridad sin sacrificar sus valores democráticos.

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Fuentes: Superintendencia de Educación, declaraciones de diputados UDI Henry Leal y Marlene Pérez, fallos Corte de Apelaciones de Valparaíso, análisis de expertos en derechos humanos y educación.