Salario mínimo en Chile: El reajuste histórico y sus ecos más allá del papel
Un año después del inicio del proceso legislativo, el reajuste del salario mínimo en Chile se ha convertido en un campo de batalla donde convergen expectativas sociales, debates políticos y realidades económicas.
En junio de 2025, el Congreso aprobó un aumento histórico que eleva el salario mínimo a $529.000 mensuales desde mayo de ese año, con un nuevo ajuste a $539.000 desde enero de 2026. Sin embargo, esta medida no estuvo exenta de controversias que retrasaron su implementación efectiva y revelaron profundas tensiones en torno a la política salarial nacional.
La génesis y el laberinto legislativo
El proceso comenzó meses antes, cuando el gobierno presentó un proyecto para actualizar el ingreso mínimo, cumpliendo con el compromiso presidencial de elevarlo significativamente. La iniciativa contemplaba además la creación de un Observatorio del Costo de la Vida, un organismo tripartito que monitorearía el impacto real de los aumentos salariales en el poder adquisitivo y el empleo.
Pero el Senado rechazó la creación de dicho observatorio y el fortalecimiento del Fondo de Formación Sindical, lo que obligó a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados para su revisión y generó un retraso que postergó la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo hasta junio, con carácter retroactivo al mes de mayo.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, explicó que "la ley se activa desde el 1 de mayo y, por lo tanto, independiente de la fecha en que se apruebe el proyecto, es retroactivo para todos los efectos de salario líquido y seguridad social".
Voces enfrentadas: ¿progreso o riesgo para el empleo?
Para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este aumento representa un triunfo y una política salarial sostenida. Su presidente, David Acuña, destacó que "el alza del salario mínimo en este gobierno ha superado con creces las expectativas", subrayando que el incremento acumulado en cuatro años supera lo logrado en los dos gobiernos anteriores juntos.
"Aunque el salario siempre será insuficiente, hay mucha gente que está muy contenta, sobre todo trabajadores que les afecta directamente", afirmó Acuña.
Sin embargo, economistas y sectores empresariales advierten que fijar el salario mínimo por encima del punto de equilibrio del mercado laboral puede generar desempleo, especialmente en micro y pequeñas empresas, donde se concentra la mayoría de los trabajadores que ganan el mínimo.
Estudios recientes indican que los costos laborales han aumentado y que el empleo en empresas con más trabajadores sujetos al salario mínimo ha mostrado signos de deterioro. Esto se traduce en una disonancia entre el objetivo redistributivo y la realidad productiva, donde la productividad crece a un ritmo inferior al aumento del ingreso mínimo.
El debate político y social
La discusión parlamentaria no solo giró en torno a cifras, sino también a la institucionalidad para monitorear y ajustar políticas. La oposición de derecha rechazó asignar presupuesto al Observatorio del Costo de la Vida, cuestionando su eficacia y costos, mientras que el oficialismo defendió su rol para fortalecer el diálogo social y proveer datos rigurosos para futuras decisiones.
El ministro (s) del Trabajo, Pablo Chacón, defendió la norma señalando que "su origen es un consenso tripartito y aporta al fortalecimiento del diálogo social y del mundo sindical".
Además, se acordó que los integrantes del observatorio sesionarían ad honorem, sin dietas, para minimizar el gasto fiscal.
Consecuencias y aprendizajes
A casi seis meses de la aprobación definitiva, el reajuste salarial ha comenzado a impactar en los bolsillos de cerca de un millón de trabajadores, pero las tensiones persisten:
- La informalidad laboral continúa siendo un desafío estructural, afectando a más de un cuarto de la fuerza laboral, especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores por cuenta propia.
- La productividad nacional crece a un ritmo modesto, dificultando que el aumento salarial se traduzca en mejores condiciones para todos.
- Las micro y pequeñas empresas enfrentan mayores costos, lo que podría limitar su capacidad de contratación y formalización.
El desafío ahora es construir una política salarial de largo plazo, que combine aumentos progresivos con incentivos a la formalización, protección social universal y mejoras en productividad.
Este episodio muestra que el salario mínimo no es solo una cifra, sino un termómetro de las tensiones sociales, económicas y políticas que atraviesan Chile. La historia reciente enseña que sin un pacto laboral inclusivo y sostenible, los incrementos pueden convertirse en promesas incumplidas para quienes más los necesitan.
Fuentes
- Diario Financiero
- Cooperativa.cl
- Prensa Latina
- BioBioChile
- Declaraciones oficiales del Ministerio del Trabajo
- Estudios del OCEC-UDP y análisis de expertos en economía laboral