
Un terremoto en la cúpula militar. Así se puede describir la profunda reestructuración del alto mando del Ejército chileno que el Presidente Gabriel Boric ejecutó el 13 de noviembre de 2025. El mandatario reemplazó al comandante en jefe, aprobó 19 ascensos y llamó a retiro a 10 oficiales generales, configurando un total de 46 nombramientos que buscan, según el Ejecutivo, modernizar y renovar la institución en un momento clave para la seguridad y la política nacional.
Este movimiento no es un simple ajuste administrativo. Surge en un contexto de creciente tensión política y debates sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Chile. Desde la asunción de Boric, se ha observado un esfuerzo por redefinir la relación civil-militar y fortalecer la institucionalidad democrática. La salida del comandante en jefe y la llegada de nuevos líderes militares reflejan esta intención de cambio profundo.
Sin embargo, la medida no estuvo exenta de controversia. Sectores conservadores han denunciado una politización excesiva de las Fuerzas Armadas, mientras que voces progresistas valoran la oportunidad para una renovación que incorpore una visión más acorde con los desafíos actuales.
Desde la derecha política, el cambio ha sido interpretado como un intento del gobierno por influir en la estructura militar para asegurar lealtades políticas. “Este tipo de movimientos genera incertidumbre y puede afectar la operatividad y la moral de nuestras tropas”, señaló un parlamentario opositor durante el debate en el Congreso.
En contraste, desde la izquierda y sectores sociales, se ha valorado la salida de oficiales vinculados a episodios oscuros del pasado y la incorporación de cuadros con perfil profesional y compromiso democrático. “Es un paso necesario para que el Ejército sea un actor moderno, respetuoso de los derechos humanos y al servicio de la nación”, indicó un académico experto en seguridad nacional.
A nivel regional, la medida también genera expectativas y preocupaciones. En zonas con alta presencia militar, algunos actores sociales temen que los cambios puedan traducirse en una mayor militarización, mientras que otros esperan una mayor profesionalización y respeto a los derechos ciudadanos.
A dos semanas del cambio, se pueden constatar algunas verdades ineludibles. Primero, la reestructuración ha modificado la dinámica interna del Ejército, generando tanto incertidumbre como expectativas de renovación. Segundo, el episodio ha puesto en evidencia la tensión latente entre la política y las Fuerzas Armadas en Chile, un tema que seguirá siendo objeto de debate público.
Finalmente, este movimiento es una prueba tangible de que la relación civil-militar en Chile está en un proceso de redefinición. La manera en que esta transformación se traduzca en prácticas y resultados concretos determinará el futuro de la institucionalidad y la seguridad nacional.
Este capítulo, lejos de estar cerrado, invita a la ciudadanía a observar con atención y pensamiento crítico los próximos pasos del gobierno y las Fuerzas Armadas, en un escenario donde la historia, la política y la sociedad se entrelazan en un desafío de alta tensión.
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Fuentes consultadas: Reportes de Cambio21, análisis políticos de The Economist y Cooperativa, entrevistas con expertos en seguridad y académicos en estudios militares.