Contralora Dorothy Pérez enfrenta la crisis de la casa de Allende: ¿una falla institucional o un síntoma de un sistema agotado?

En un episodio que ha sacudido la confianza en los órganos fiscalizadores del Estado, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, se vio envuelta en una controversia que trascendió la esfera administrativa para instalarse en el debate político y judicial.El 1 de octubre de 2025 se reveló que la Contraloría había visado un decreto que autorizaba la compra de la casa de Guardia Vieja, propiedad de familiares directos del expresidente Salvador Allende, pese a que la Constitución establece inhabilidades claras para este tipo de operaciones.

Este hecho, que inicialmente pareció un error técnico, terminó por exponer tensiones profundas en la institución. Funcionarios clave, entre ellos el contralor subrogante Víctor Merino y el jefe de la División Jurídica, Cristián Oliver, declararon ante la Fiscalía, detallando un ambiente de incertidumbre y debates internos sobre el alcance y momento de advertir la ilegalidad del decreto.

Merino afirmó que "el consenso interno fue que no era el momento oportuno para representar el acto, atendido el estado del procedimiento administrativo", posición que contó con el respaldo de Pérez. Sin embargo, la ausencia de una advertencia formal antes de la firma del decreto ha sido interpretada por sectores críticos como una omisión grave.

El caso no solo ha puesto en el centro la actuación de la Contralora, sino también la complejidad del sistema de control en Chile. Mientras algunos sectores políticos y sociales exigen responsabilidades penales y reformas estructurales, otros defienden a la institución argumentando que la Contraloría se limitó a revisar aspectos formales y no el fondo político de la operación.

Luis Baeza, jefe del Comité de Bienes Públicos, explicó que en la presentación interna posterior al estallido del caso "se concluyó que los artículos constitucionales invocados no eran competencia de la Contraloría, sino del Tribunal Constitucional".

Por su parte, la contralora Pérez no ha emitido declaraciones públicas directas, pero según testimonios internos, tras el estallido mediático, su gabinete solicitó informes detallados para explicar el proceso y mitigar el daño institucional.

Desde la oposición, voces como la exministra Maya Fernández, vinculada familiarmente al inmueble, han denunciado una persecución política, mientras que organizaciones ciudadanas y expertos en ética pública exigen una revisión profunda del marco normativo que regula las compras del Estado y la actuación de la Contraloría.

Este episodio también ha abierto un debate sobre la autonomía y los límites de la Contraloría en un contexto donde las decisiones administrativas se cruzan con intereses políticos y familiares. La investigación fiscal en curso busca determinar si hubo tráfico de influencias y negligencia, pero el daño reputacional ya es palpable.

A casi dos meses de la revelación, el caso se mantiene abierto y ha motivado llamados a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.

En definitiva, la crisis de la casa de Allende no solo desnuda una falla puntual en la Contraloría, sino que refleja un sistema institucional tensionado, donde las responsabilidades se diluyen entre normas complejas, interpretaciones jurídicas y presiones políticas. La pregunta que queda en el aire es si esta experiencia servirá para reformar y robustecer los controles o si, por el contrario, seguirá siendo un síntoma de la fragilidad del Estado chileno ante conflictos de interés y opacidad.

Fuentes consultadas: declaraciones ante la Fiscalía de funcionarios de Contraloría, reportajes de La Tercera (01-10-2025), análisis políticos y jurídicos publicados en medios nacionales.