Fracasa levantamiento del secreto bancario en Chile: el pulso entre seguridad y privacidad que no se resolvió

Un pulso que parecía inminente terminó en un empate con sabor a derrota para el Gobierno. El 6 de noviembre de 2025, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados rechazó la indicación que buscaba permitir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa. Esta derrota legislativa no solo ha dejado a la CMF sin una herramienta fiscalizadora clave, sino que ha desatado un debate profundo sobre los límites entre la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales.

El origen y evolución del conflicto

Este enfrentamiento tiene raíces en la urgencia declarada por el Ejecutivo para fortalecer la persecución del crimen organizado. Desde 2023, el Gobierno impulsó un proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, donde la CMF y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrían facultades ampliadas para detectar operaciones sospechosas y seguir la ruta del dinero ilícito. Sin embargo, el punto más polémico fue la propuesta para que el fiscal de la CMF pueda acceder a información bancaria sin pasar por un juez, lo que generó alarma en sectores que defienden la privacidad y el debido proceso.

“Para quienes nos tomamos en serio el resguardo del derecho a la privacidad, garantizado en nuestra Constitución, no nos da lo mismo si aquí se custodia o no la información privada que se obtiene en circunstancias como estas”, afirmó el diputado Diego Schalper (RN), reflejando la preocupación de la oposición.

Por otro lado, la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) abrió una ventana al diálogo al señalar que todos estaban a favor de levantar el secreto bancario, pero con la condición de que exista un control judicial previo, una postura que ha generado cierto movimiento en la derecha.

Voces en conflicto: seguridad versus garantías

El debate no se limita al Congreso. En el terreno público, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, puso en alerta sobre los riesgos de filtraciones y accesos indebidos a información sensible, lo que fue duramente criticado por el Gobierno y defendido por el propio SII, que detalló sus mecanismos internos de control y sanciones estrictas en caso de infracciones.

“Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones. Hay temas que mejorar en el servicio antes de que tenga acceso a la información bancaria,” dijo Etcheberry, mientras que la ministra vocera Camila Vallejo respondió que esas críticas reflejan un desconocimiento y falta de compromiso con la institución.

Expertos tributarios y legales también se han dividido. Mauricio Fernández, exdirector de ULDDECO, defendió la necesidad de un sistema robusto de inteligencia financiera, pero con controles judiciales. En contraste, otros especialistas como Loreto Pelegri recuerdan que el secreto bancario ya puede levantarse con autorización judicial, y que eliminarlo de forma generalizada implicaría riesgos para las garantías individuales.

Consecuencias y aprendizajes

La caída de la indicación en la Comisión de Seguridad ha postergado la aprobación del proyecto que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado a través del análisis económico. La CMF y la UAF quedan limitadas en su capacidad para acceder a información financiera crítica con rapidez, lo que puede traducirse en una menor eficacia para detectar y desarticular redes ilícitas.

Por otra parte, esta controversia ha dejado en evidencia la profunda desconfianza ciudadana y política hacia el manejo de información sensible, un problema que requiere no solo reformas legales, sino también una transformación cultural y técnica en las instituciones.

Finalmente, la historia reciente muestra que el acceso a la información financiera debe equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de derechos fundamentales. La ausencia de una solución legislativa clara obliga a un debate más amplio y pausado, que tome en cuenta las complejidades del crimen organizado, la tecnología y la democracia.

Lo que queda claro

- El secreto bancario en Chile no es absoluto, pero su levantamiento sin control judicial genera rechazo transversal.

- El combate al crimen organizado requiere herramientas eficaces, pero no a costa de debilitar las garantías constitucionales.

- La confianza en las instituciones encargadas de manejar información sensible es clave para avanzar.

- La discusión política refleja tensiones profundas entre seguridad, privacidad y Estado de Derecho.

Este episodio es un llamado a la prudencia y a la búsqueda de consensos en un tema que afecta a toda la sociedad chilena, más allá de las coyunturas electorales y partidarias.

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Fuentes consultadas incluyen reportajes de La Tercera, CIPER Chile, declaraciones oficiales del Gobierno, entrevistas con expertos tributarios y análisis en Diario Financiero.